(Urgente24). Roger Pinto Molina, más conocido como Roger Pinto, llegó a la embajada de Brasil el 28/05, y pidió asilo político alegando que su vida corría peligro y que estaba sufriendo persecución política.
Brasil le concedió asilo, pero Bolivia todavía no ha emitido un salvoconducto que le permita al senador abandonar la embajada y llegar al aeropuerto.
En la sede diplomática, Roger Pinto se aloja en una habitación improvisada, donde pasa el día leyendo periódicos, hablando con su familia por teléfono y recibiendo a políticos de su partido, Convergencia Nacional.
"Sin salvoconducto no puede salir de la embajada hacia el aeropuerto para embarcar rumbo a Brasil", explicó el diputado Luis Oliva.
Según él, todo ocurre en un "momento de pausa política entre Brasil y Bolivia" en relación a la situación del senador opositor al gobierno de Evo Morales.
Los interlocutores del gobierno brasileño señalan que su país aún no ha recibido una respuesta oficial de Bolivia sobre la situación de Roger Pinto, quien fue gobernador del departamento de Pando.
El vicecanciller boliviano Juan Carlos Alurralde, y la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, dieron versiones contrarias sobre la posición del Gobierno boliviano.
Mientras Alurralde dijo que Bolivia no rechazó y tampoco aceptó el pedido brasileño, Dávila indicó que el Ejecutivo boliviano “no puede” dar la autorización al senador opositor.
Ella llamó “vocero político” de Pinto al embajador brasileño en Bolivia, Marcel Biato.
Alurralde explicó que la Cancillería aguarda la respuesta del Gobierno brasileño a una carta enviada por el canciller David Choquehuanca en la que pide a ese país reconsiderar el asilo a Pinto, debido a que éste afronta diversos procesos judiciales.
El vicecanciller boliviano dijo que mientras no tenga esa respuesta, se mantendrá en suspenso el tema.
Pero Dávila rechazó la solicitud de salvoconducto. "La Constitución dice que el Estado boliviano no puede otorgar un salvoconducto y no puede aceptar un asilo político para una persona que tiene procesos en la justicia ordinaria por causas que tienen que ver con delitos comunes", dijo.
Aqui un texto del diario paulista O Estado:
"Al ser confirmada la información dada a conocer por el diario Valor de que Bolivia le negó el salvoconducto al senador de la oposición Roger Pinto Molina, quien se refugió en la embajada de Brasil en La Paz y luego recibió asilo político, la presidente Dilma Rousseff se enfrenta a un conflicto diplomático no menos espinoso, en el plan bilateral, que el causado por su decisión de considerar "ruptura del orden democrático" la destitución del presidente paraguayo Fernando Lugo y de promover la suspensión del país del Mercosur.
La diferencia es que, en el caso de Bolivia, la posición de Brasil es indiscutible.
Por un lado, porque es coherente con la antigua tradición de Itamaraty, ampliamente compartida en América Latina, de dar cobijo a figuras públicas en situación de riesgo en sus respectivos países, independientemente de sus posiciones políticas o ideológicas y sin entrar en los méritos de acusaciones de las que son blanco.
Por otro lado, debido a que los cargos hechos a quien recibió asilo –con cargo electivo, en el ejercicio de su mandato- configuran un caso patente de persecución política.
Es una práctica recurrente de los sistemas alineados con el autócrata venezolano Hugo Chávez, tales como Evo Morales, en Bolivia, y Rafael Correa en Ecuador, fabricar contra sus opositores denuncias de delitos comunes para dar un barniz de legalidad a la represalia por sus actitudes políticamente inconvenientes.
La intimidación contra el senador Molina consistió en más de 20 demandas presentadas, no por casualidad, después de que él señaló con el dedo a los miembros del gobierno de La Paz por su presunta participación en actos de corrupción y tráfico de drogas. En orden, el senador decidió llamar a las puertas de la representación brasileña.
Lo que más enfureció a Evo Morales fue la iniciativa de Molina de enviar al gobierno una copia de un informe policial que implica al asistente más cercano del presidente, Juan Ramón Quintana.
Él ejerce en el Palácio Quemado cargo equivalente a ministro jefe de la Casa Civil del Planalto.
De acuerdo con los documentos citados por la revista Veja, en noviembre de 2010, cuando dirigía la agencia boliviana de desarrollo regional, Quintana fue visto entrar en la casa del brasileño Maximiliano Dorado Munhoz Filho, en Santa Cruz de la Sierra. Lo acompañaba una ex Miss Bolivia, Jéssica Jordan, también titular de un cargo público.
Maximiliano o Max, tal como le dicen, había huido años antes de la cárcel de Rondonia, donde cumplía una condena por tráfico de cocaína. Se instaló -apropiadamente, tal vez sea el caso de decir– en la Bolivia del líder cocacolero Evo Morales, cocalero.
20 minutos después de que Max abriera las puertas, Quintana y Jéssica salieron con 2 carpetas 007. Después de 2 meses, el anfitrión fue recapturado y transferido a una prisión de máxima seguridad en Paraná. No se sabe que contenían las maletas. Tampoco se sabe si Morales personalmente participa en el tráfico. Pero la furia con que la que atacó a Molina permite todo tipo de suposiciones.
Ahora, la negativa del bolivariano de permitir que el senador deje la embajada brasileña para ir a Brasil representa una provocación nacida de la arrogancia.
Morales fue mal acostumbrado por la pasividad del entonces presidente Luiz Inácio Lula da Silva, frente a la ocupación de una refinería de Petrobras por parte de las fuerzas del ejército boliviano en mayo de 2006, poco después de la nacionalización del petróleo y el gas en Bolivia. Morales puede pensar que Dilma Rousseff aceptará con la misma quietud de su antecesor, el nuevo acto poco amistoso con Brasil. Si ella lo aceptara, será una sorpresa -y no sólo una cuestión de estilo, temperamento o sentido de agravio-.
Descartada, por impensable, la prohibición del asilo a Molina sería vergonzoso para el gobierno brasileño, en este comienzo de siglo 21, tolerar que se reproduzca la humillante situación experimentada por Colombia entre 1949 y 1954.
Durante estos 5 años se mantuvo en el asilo de su embajada en Lima, el legendario pensador y político peruano Víctor Raúl Haya de la Torre (1895-1979), perseguido por el entonces dictador Manuel Odría. Sólo después de presiones internacionales, de las que participó nada menos que Albert Einstein, Odría autorizó a Haya a salir del país."
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