Gustavo Rodríguez Cáceres *
Acaba de salir a la luz un nuevo hecho de corrupción en YPFB Corporación. Los primeros indicios dan a entender que las empresas que se adjudicaron la construcción de las plantas de separación de líquidos en Río Grande y el Chaco, corrompieron y sobornaron a los responsables del proceso de contratación, o fueron extorsionadas y se vieron obligadas a pagar una “comisión” a dichos responsables con el fin de adjudicarse los contratos de construcción.Los indicios también permiten conjeturar que las personas implicadas no son las únicas que tramaron y/o participaron en esta corruptela, por el contrario, para que la misma se haya efectivizado con seguridad se requirió del concurso de más personeros de YPFB, posiblemente del nivel superior a los actualmente implicados.
El grado de inmundicia se evidencia cuando se comprueba que los que fueran altos ejecutivos de YPFB Corporación respetan fielmente los códigos del hampa, no otra cosa significa que Gerson Richard Rojas Terán, ex Gerente Nacional de Plantas Separadoras de Líquidos y principal involucrado hasta ahora, se acoja al derecho de guardar silencio; al igual que Enrique Aruquipa, Director Nacional Administrativo de YPFB, que no está imputado aún, pero prefiere callar.
La inmundicia también se hace patente cuando se ve que, al mejor estilo de las mafias, se amenaza de muerte a Agustín Javier Ugarte Méndez y su familia, quien fuera miembro de la Comisión Calificadora para adjudicar los contratos y, al parecer, el único de los implicados dispuesto a confesar.
Si enmarcamos este hecho de corrupción en la gestión global de YPFB Corporación y las principales decisiones asumidas por sus ejecutivos, surgen algunas interrogantes que me permito compartir con usted amiga lectora y amigo lector.
El pasado mes de mayo, en un artículo publicado en este mismo medio de comunicación, hacía notar que el Decreto Supremo 1202 que otorga un incentivo de 30 dólares a cada barril de petróleo producido en el país, adolecía de al menos dos errores: El primero, que se otorga el “incentivo” al petróleo que actualmente se produce sin necesidad de pago extra, y no, como se hace en la Argentina, a la producción efectivamente nueva; error que va a significar un gasto estatal de más de 50 millones de dólares por año, que irán a parar a las arcas de las empresas petroleras, sin que éstas hayan aumentado un solo barril a su actual producción de petróleo en el país.
El segundo, que en dicho decreto se reconocía como petróleo al hidrocarburo líquido que tiene hasta 55° API de densidad, cuando internacionalmente se reconoce como petróleo sólo a los líquidos que están por debajo de los 50° API; al mismo tiempo cuestionaba por qué no se otorgó el incentivo sólo al petróleo de mejor calidad, es decir, al que está por debajo de los 42° API.
En ese artículo también decía: “me resisto a creer que los desaciertos enumerados sean circunstanciales o puedan ser atribuidos a la supuesta incompetencia de los actuales ejecutivos de YPFB Corporación, lo acontecido no tiene nada que ver con fatales casualidades o falta de capacidades, por el contrario, es una decisión consciente, “estudiada”, que señala otro de los elementos de la completa abdicación de la ya tímida nacionalización de hidrocarburos ante el capital transnacional”.
Pero ahora, a la luz del nuevo caso de corrupción y la forma de actuar de los implicados, me pregunto si para esa abdicación no habrá mediado alguna “comisión”. En abril de 2011 una vez que se confirmó la reducción de las reservas de gas y Carlos Villegas había atribuido el hecho, entre otros factores, a la manipulación financiera que efectuaron las empresas, sostenía que “La novedad de toda esta situación no está en confirmar, una vez más, que los datos en el sector petrolero transnacional son manipulados… Tampoco es novedoso que el sujeto pasivo de esta manipulación, la víctima, sea un Estado como el boliviano, no, la novedad está en que la víctima y las autoridades llamada a defenderla no asuman ninguna medida legal, ni económica a fin de resarcir los daños que la inflación de reservas y la manipulación financiera ha ocasionado”.
Y luego acotaba: “Pienso que el Estado boliviano no está exento de instrumentos que le permitan esclarecer lo sucedido, identificar claramente a los responsables y establecer responsabilidades; mas lo que le está faltando es la decisión política para hacerlo.”
Ahora, visto que no hay ninguna investigación ni responsable del dolo cometido contra el Estado, me pregunto si esa falta de decisión política fue gratuita. La ministra Amanda Dávila, en un claro respaldo a Carlos Villegas y su gestión al frente de YPFB Corporación, ha dicho que “el presidente de YPFB es una persona absolutamente honesta que tiene toda la confianza del Presidente Evo Morales”. Personalmente no tengo ninguna evidencia para cuestionar la honestidad de Carlos Villegas y tampoco la del personal ejecutivo que lo acompaña; pero, que esta corruptela ocurriera, como popularmente se dice, “debajo de sus narices” me da base para dudar, al menos, de su idoneidad para la gestión y el control administrativo que ejecutan en YPFB.
Por este motivo y a pesar de las certezas de la ministra Dávila, creo que es necesario investigar, revisar y auditar toda la gestión de Carlos Villegas. Aunque no sería nada extraño encontrar más grupos criminales medrando de la institución sin que su presidente sospeche siquiera de la existencia de los mismos, no es mi intención criminalizar a los actuales gestores de YPFB, por el contrario, pienso que la relevancia de una investigación a profundidad y de amplio alcance sentaría las bases para que sean los mecanismos de gestión y control, y no la voluntad de las personas, los que garanticen la construcción de una empresa estatal del petróleo realmente honesta y transparente.
* Economista boliviano
