Carlos Arze Vargas *
En octubre del año 2003, el pueblo boliviano, especialmente los pobladores de El Alto, enarboló la consigna de la nacionalización de los hidrocarburos y su industrialización, apuntando así al corazón del modelo neoliberal y de las fracciones de la burguesía en el poder. Esta demanda histórica se inscribía en la tradición histórica de la lucha social por la recuperación de los recursos naturales y la necesidad de superar el patrón de acumulación primario exportador.
El MAS, contrariamente a lo que dicen hoy sus voceros, no enarboló esta demanda sino que demandó la instalación de una Asamblea Constituyente que permitiera la reconstitución del Estado capitalista en crisis, postulando cambios políticos pero sin cuestionar la base económica del país. Posteriormente, en el proceso de reforma de la Ley de Hidrocarburos, que incluyó el amañado “referéndum del gas”, esta agrupación política centró su discurso en la necesidad de retornar al sistema del 50-50 en la distribución de la renta petrolera.
Este breve recuento de la postura del MAS explica, en parte, por qué, una vez instalado en el poder, la reforma que impuso no fue una nacionalización, ni siquiera en el sentido que conocimos con el nacionalismo burgués del MNR en el pasado. Permite entender por qué la denominada “nacionalización inteligente” constituye una medida oportunista dirigida a controlar los recursos fiscales necesarios para mantenerse en el poder y desarrollar una política francamente burguesa, es decir, con el objetivo de impulsar la construcción de una economía y sociedad capitalista escondida tras el rótulo pomposo de “economía plural” o hasta de “socialismo comunitario”.
Mientras la nacionalización propugnada inicialmente por los gobiernos nacionalistas del pasado promovía el desarrollo económico a partir del control estatal de las rentas de las industrias extractivas y trasladadas al sector privado -ubicado en la agricultura comercial del oriente y la industria-, sobre la base de la expulsión de los monopolios extranjeros, la nacionalización del MAS postula un sui géneris “socialismo comunitario” en alianza con el capital transnacional: los “socios” del proceso.
Por esta razón nunca contempló la expropiación de los medios de producción de las transnacionales petroleras y se limitó a adicionar a lo establecido por la Ley 3058 (el 50% de IDH y regalías), una participación variable de YPFB en las utilidades de los operadores. Contrariamente, implicó una compra onerosa de las empresas privatizadas durante los gobiernos neoliberales, como lo demuestra el siguiente cuadro.
% acciones AFP % acciones compradas Costo $us % de total acciones
YPFB Chaco1 49,0% 50,0% 233.440.140 99,0%
YPFB Andina 49,3% 1,1%6.241.96650,4%
YPFB Transportes233,6% 65,0%241.154.976 98,6%
YPFB Refinación n.a. 100,0% 112.000.000100,0%
YPFB Logística n.a. 100,0% 16.430.000100,0%
YPFB Aviación3 n.a. 100,0% 36.000.000100,0%
Total 645.267.082
(1) Costo al precio establecido en DS 29888.
(2) Costo por 50% acciones.
(3) Valor de demanda (información M in. Arismendi El Deber 30/1/2011.
Hay que añadir a estos datos que en varios casos el valor de la compra alcanzó o sobrepasó el valor de venta de la privatización neoliberal: en el caso de Chaco –actualmente con una demanda internacional- la compra de la mitad del paquete accionario costaría el 76% del valor de la “capitalización”, la compra de Transredes alcanzaría al 91% del precio de la capitalización, la recompra de la empresa de Logística y de la de Refinación, alcanzaría al 109% del valor de su privatización durante el gobierno de Banzer.
La “nacionalización” no abarcó más que a las empresas “capitalizadas”, por lo tanto no se dirigió a controlar el sector, es decir a establecer el monopolio estatal que determine la dirección de las políticas públicas para la superación de la economía primario exportadora, como cabe a un verdadera nacionalización. Asimismo, contrariando el discurso que le permitió posicionarse durante la reforma de 2005, otorgó legalidad a los contratos de riesgo compartido de Sánchez de Lozada y reconoció los derechos que les daban a las petroleras, como es el caso de las inversiones reconocidas de “buena fe” y devueltas a través de los costos recuperables.
Pero más allá de esas consideraciones están las evidencias que arrojan los resultados de la “nacionalización” para demostrar nuestra tesis.
Observando la situación actual del sector, se comprueba que la producción de hidrocarburos permanece controlada mayoritariamente por las transnacionales, que han mejorado su participación en los últimos años: mientras las operadoras extranjeras pasaron de controlar el 74,2% de la producción de gas natural y líquidos en 2006 al 82,2% en 2010, YPFB -a través de sus filiales Andina y Chaco- disminuyó su participación en el mismo período de 25,8% a 17,8%.
La información sobre áreas petroleras refuerza esta observación: aunque YPFB posee el 71% de un total de 23,9 millones de hectáreas de áreas de exploración, las empresas extranjeras poseen el 68% de las áreas en explotación, que son las que contienen las reservas certificadas de hidrocarburos. La elevada participación de YPFB en las áreas de exploración se explica porque desde 2006 se han establecido 98 áreas reservadas con una extensión de 22 millones de hectáreas, de las cuales el 25% se encuentra ya bajo contratos de exploración y convenios de estudio con empresas extranjeras, como PDVSA, GTLI, Petrobras, Petrovietnam y otras.
Por otro lado, el gobierno afirma machaconamente que su nacionalización ha afectado los intereses imperialistas trastocando la distribución de la renta petrolera, de modo que ahora el Estado controlaría el 82% dejando a la transnacionales con el 18% restante. A despecho de esta afirmación, los datos oficiales revelan que en 2010 el Estado recibió el 65% por concepto de IDH, regalías, patentes y participación de YPFB.
Además, como en el capitalismo –así sea andino amazónico- no sólo importa la tasa de ganancia que se recibe por una determinada inversión, sino también la masa de ganancia, podemos afirmar que los mismos datos revelan que las petroleras extranjeras continúan obteniendo suculentas ganancias, gracias al incremento de las exportaciones de gas natural y de sus precios gestionados por el gobierno: si en 2004 -sobre un valor de producción hidrocarburífera de 1.172 millones de dólares- controlaban el 75% equivalente a 879 millones, en 2010-sobre un valor de 3.053 millones- controlaron el 35% equivalente a 1.068 millones de dólares. Esto explica por qué las transnacionales no abandonaron un país gobernado por “socialistas comunitarios”.
Con todo, el hecho más revelador de que la “nacionalización” promueve las ganancias de las transnacionales, es la reposición en estos días del “gasolinazo” de 2010. En efecto, el D.S. 1202 dispone un incentivo para los productores de petróleo de 30 dólares por barril.
Con esta medida se les devolverá parte de la renta controlada: el Estado que obtiene 13,55 dólares por IDH y regalías -sobre un precio de 27,11 dólares-, pagará una subvención de 30 dólares en forma de NOCRES, es decir una subvención 2,2 veces mayor que la renta obtenida. Los recursos necesarios para pagarla deberán salir de las arcas fiscales, es decir ya sea de la renta del gas natural o de los impuestos de los consumidores, con lo que se retrocede más atrás de la Ley 3058.
Por todo lo anterior, se puede afirmar que las empresas petroleras transnacionales son quienes realmente determinan las condiciones de producción, cuando, según la mentada nacionalización, sólo deberían ser remuneradas como “prestadoras de servicios”.
* Investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA).
