La arrogancia de Evo contra Roger (y Dilma)

(Urgente24). Roger Pinto Molina, más conocido como Roger Pinto, llegó a la embajada de Brasil el 28/05, y pidió asilo político alegando que su vida corría peligro y que estaba sufriendo persecución política.

Brasil le concedió asilo, pero Bolivia todavía no ha emitido un salvoconducto que le permita al senador abandonar la embajada y llegar al aeropuerto.

En la sede diplomática, Roger Pinto se aloja en una habitación improvisada, donde pasa el día leyendo periódicos, hablando con su familia por teléfono y recibiendo a políticos de su partido, Convergencia Nacional.

"Sin salvoconducto no puede salir de la embajada hacia el aeropuerto para embarcar rumbo a Brasil", explicó el diputado Luis Oliva.

Según él, todo ocurre en un "momento de pausa política entre Brasil y Bolivia" en relación a la situación del senador opositor al gobierno de Evo Morales.

Los interlocutores del gobierno brasileño señalan que su país aún no ha recibido una respuesta oficial de Bolivia sobre la situación de Roger Pinto, quien fue gobernador del departamento de Pando.

El vicecanciller boliviano Juan Carlos Alurralde, y la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, dieron versiones contrarias sobre la posición del Gobierno boliviano.

Mientras Alurralde dijo que Bolivia no rechazó y tampoco aceptó el pedido brasileño, Dávila indicó que el Ejecutivo boliviano “no puede” dar la autorización al senador opositor.

Ella llamó “vocero político” de Pinto al embajador brasileño en Bolivia, Marcel Biato.

Alurralde explicó que la Cancillería aguarda la respuesta del Gobierno brasileño a una carta enviada por el canciller David Choquehuanca en la que pide a ese país reconsiderar el asilo a Pinto, debido a que éste afronta diversos procesos judiciales.

El vicecanciller boliviano dijo que mientras no tenga esa respuesta, se mantendrá en suspenso el tema.

Pero Dávila rechazó la solicitud de salvoconducto. "La Constitución dice que el Estado boliviano no puede otorgar un salvoconducto y no puede aceptar un asilo político para una persona que tiene procesos en la justicia ordinaria por causas que tienen que ver con delitos comunes", dijo.

Aqui un texto del diario paulista O Estado:

"Al ser confirmada la información dada a conocer por el diario Valor de que Bolivia le negó el salvoconducto al senador de la oposición Roger Pinto Molina, quien se refugió en la embajada de Brasil en La Paz y luego recibió asilo político, la presidente Dilma Rousseff se enfrenta a un conflicto diplomático no menos espinoso, en el plan bilateral, que el causado por su decisión de considerar "ruptura del orden democrático" la destitución del presidente paraguayo Fernando Lugo y de promover la suspensión del país del Mercosur.

La diferencia es que, en el caso de Bolivia, la posición de Brasil es indiscutible.

Por un lado, porque es coherente con la antigua tradición de Itamaraty, ampliamente compartida en América Latina, de dar cobijo a figuras públicas en situación de riesgo en sus respectivos países, independientemente de sus posiciones políticas o ideológicas y sin entrar en los méritos de acusaciones de las que son blanco.

Por otro lado, debido a que los cargos hechos a quien recibió asilo –con cargo electivo, en el ejercicio de su mandato- configuran un caso patente de persecución política.

Es una práctica recurrente de los sistemas alineados con el autócrata venezolano Hugo Chávez, tales como Evo Morales, en Bolivia, y Rafael Correa en Ecuador, fabricar contra sus opositores denuncias de delitos comunes para dar un barniz de legalidad a la represalia por sus actitudes políticamente inconvenientes.

La intimidación contra el senador Molina consistió en más de 20 demandas presentadas, no por casualidad, después de que él señaló con el dedo a los miembros del gobierno de La Paz por su presunta participación en actos de corrupción y tráfico de drogas. En orden, el senador decidió llamar a las puertas de la representación brasileña.

Lo que más enfureció a Evo Morales fue la iniciativa de Molina de enviar al gobierno una copia de un informe policial que implica al asistente más cercano del presidente, Juan Ramón Quintana.

Él ejerce en el Palácio Quemado cargo equivalente a ministro jefe de la Casa Civil del Planalto.

De acuerdo con los documentos citados por la revista Veja, en noviembre de 2010, cuando dirigía la agencia boliviana de desarrollo regional, Quintana fue visto entrar en la casa del brasileño Maximiliano Dorado Munhoz Filho, en Santa Cruz de la Sierra. Lo acompañaba una ex Miss Bolivia, Jéssica Jordan, también titular de un cargo público.

Maximiliano o Max, tal como le dicen, había huido años antes de la cárcel de Rondonia, donde cumplía una condena por tráfico de cocaína. Se instaló -apropiadamente, tal vez sea el caso de decir– en la Bolivia del líder cocacolero Evo Morales, cocalero.

20 minutos después de que Max abriera las puertas, Quintana y Jéssica salieron con 2 carpetas 007. Después de 2 meses, el anfitrión fue recapturado y transferido a una prisión de máxima seguridad en Paraná. No se sabe que contenían las maletas. Tampoco se sabe si Morales personalmente participa en el tráfico. Pero la furia con que la que atacó a Molina permite todo tipo de suposiciones.

Ahora, la negativa del bolivariano de permitir que el senador deje la embajada brasileña para ir a Brasil representa una provocación nacida de la arrogancia.

Morales fue mal acostumbrado por la pasividad del entonces presidente Luiz Inácio Lula da Silva, frente a la ocupación de una refinería de Petrobras por parte de las fuerzas del ejército boliviano en mayo de 2006, poco después de la nacionalización del petróleo y el gas en Bolivia. Morales puede pensar que Dilma Rousseff aceptará con la misma quietud de su antecesor, el nuevo acto poco amistoso con Brasil. Si ella lo aceptara, será una sorpresa -y no sólo una cuestión de estilo, temperamento o sentido de agravio-.

Descartada, por impensable, la prohibición del asilo a Molina sería vergonzoso para el gobierno brasileño, en este comienzo de siglo 21, tolerar que se reproduzca la humillante situación experimentada por Colombia entre 1949 y 1954.

Durante estos 5 años se mantuvo en el asilo de su embajada en Lima, el legendario pensador y político peruano Víctor Raúl Haya de la Torre (1895-1979), perseguido por el entonces dictador Manuel Odría. Sólo después de presiones internacionales, de las que participó nada menos que Albert Einstein, Odría autorizó a Haya a salir del país."

/www.urgente24.com/

Delimitan territorios de ayoreos en aislamiento voluntario en los parques Kaa-Iya y Otuquis

Redacción Bolpress

Un equipo técnico multidisciplinario identificará y demarcará el territorio que ocupan los pueblos ayoreos en aislamiento voluntario en los Parques Nacionales y Áreas Naturales de Manejo Integrado (PNANMI) Kaa-Iya y Otuquis en el Gran Chaco boliviano. El estudio debe determinar mecanismos que garanticen el ejercicio de su derecho a mantenerse en aislamiento en un plazo de 18 meses, instruye el Decreto Supremo N. 1286 emitido el 4 de julio de 2012.

Desde 2007 una comisión técnica de alto nivel integrada por representantes del gobierno y de la Central Ayorea Nativa del Oriente Boliviano (CANOB) redactan un decreto destinado a la protección de familias ayoreas en aislamiento voluntario, en cumplimiento del artículo 31 de la Constitución Política del Estado (CPE).

La CPE establece que las naciones y pueblos indígenas originarios en peligro de extinción, en situación de aislamiento voluntario, y no contactados serán protegidos y respetados en sus formas de vida individual y colectiva. La Carta Magna reconoce que los pueblos indígenas en aislamiento voluntario gozan del derecho a mantenerse en esa condición, y a la delimitación y consolidación legal del territorio que ocupan y habitan.

El director Ejecutivo del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) Saúl Chávez informó que el pueblo ayoreo demandó un territorio de aproximadamente 3,4 millones de hectáreas dentro de los Parques Nacionales Kaa-Iya del Gran Chaco y Otuquis, que ocupan parte del chaco boliviano, la Chiquitania cruceña y una zona del chaco cruceño declarada área fiscal y destinada a la exploración petrolera.

El Decreto 1286 aprobado el 4 de julio instruye realizar un monitoreo de las zonas en las que están asentadas las familias no contactadas o en aislamiento voluntario; verificar su ubicación, y demarcar sus territorio de una extensión aproximada de tres millones de hectáreas en las provincias Germán Bush, Chiquitos y parte de Cordillera, para evitar el ingreso de terceros. El objetivo es complementar los estudios existentes sobre las poblaciones ayoreas en aislamiento voluntario que habitan en un área de 1,9 millones de hectáreas declaradas como zona de protección estricta (intangible) en el PNANMI Kaa-Iya del Gran Chaco.

El decreto delimita el área de estudio de una superficie de 536.568 hectáreas, desde el vértice saliente del área de protección estricta del PNANMI Kaa-Ia hasta el vértice nor oeste al inicio del área del PNANMI Pantanal de Otuquis.

El objetivo es identificar la presencia de grupos de ayoreos en situación de aislamiento voluntario y sus áreas de ocupación y tránsito campamentos, sendas, sitios de cacería, pesca y otros durante la realización de sus actividades; y determinar mecanismos que garanticen el ejercicio de su derecho a mantenerse en aislamiento voluntario, con la recomendación de las medidas de protección que correspondan, detalló la ministra de Desarrollo Rural y Tierras Nemesia Achacollo.

El gobierno ratificó la actual condición de la zona de protección estricta que contempla la categoría de Parque Nacional, para asegurar la protección y conservación de poblaciones viables de flora y fauna. En ese sentido, Achacollo recalcó que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) no podrá realizar actividades de exploración o explotación dentro de las áreas de interés del estudio técnico.
El equipo técnico multidisciplinario será contratado por el Viceministerio de Tierras, y realizará el estudio en coordinación con representantes de la CANOB. Se espera que presente resultados en un plazo de 18 meses.

Cuantificarán el valor de los parques

La sub jefa de la bancada de Convergencia Nacional (CN) en la Cámara de Diputados Paola Zapata presentará un estudio técnico sobre el valor médico de los parques nacionales y áreas protegidas, como marco para una política de desarrollo sostenible y no extractivo de estas zonas del país.

“El estudio, al que se están haciendo las revisiones finales, indica que el valor económico de los parques nacionales y áreas protegidas de Bolivia, en potenciales patentes médicas, supera al del salar de Uyuni y al del Mutún. Si tenemos en cuenta que la industria farmacéutica es la segunda del mundo, luego de la industria del armamento, tendremos idea del futuro que tiene ese sector en el siglo XXI”, destacó Zapata.

Según la legisladora, “los parques son el nuevo Cerro Rico de Bolivia, sin necesidad de que sean explotados de manera extractiva; tan sólo debemos registrar la biodiversidad para luego cobrar las patentes y generar una industria farmacéutica nacional. El destino de los parques no tiene por qué ser la coca, la madera o el petróleo”.

El Vicepresidente García Linera miente, miente y miente

Remberto Cárdenas Morales *

El Vicepresidente Álvaro García Linera, tal como lo hace en su libro Las tensiones creativas, publicado con nuestro dinero y distribuido gratis, en una reunión con periodistas de agencias de noticias estatales y/o gubernamentales de Nuestra América realizada en La Paz, ha difundido mentiras que no resisten la menor confrontación con la realidad, que sería la manera de mostrar que el segundo mandatario de Bolivia recurre a la mentira sobre el TIPNIS, otra vez, a falta de argumentos.

El segundo mandatario boliviano antes afirmó, ante medios de difusión, que los indígenas de la IX marcha habían “degradado” esa forma de lucha: la caminata y, además, que los indígenas de las tierras bajas dividen a sus organizaciones y a sus bases. Sin embargo, se sabe que ambos hechos fueron promovidos, financiados, organizados e impuestos por los gobernantes, pero el Vicepresidente les atribuye a los originarios haberlos protagonizado.

La marcha de los comunarios de Mallku Q’ota fue “copada” por cooperativistas enviados por el gobierno y por gente del lugar pagada por la South American Silver (SAS). En cuando a la división de la CIDOB pocos deben desconocer que fue el gobierno el que impuso el nombramiento de Melva Hurtado como presidenta de esa central indígena en reemplazo dudoso de Adolfo Chávez. Por ello, nosotros afirmamos que esas dos mentiras son algo así como el prólogo de las dichas por García Linera en la reunión con periodistas de las agencias de noticias estatales y/o gubernamentales.

Reiteramos un criterio que sostenemos desde hace tiempo: la mayoría de los medios de difusión (incluidos los estatales o gubernamentales de nuestro país) en su trabajo diario censuran, se autocensuran, dicen medias verdades, manipulan, matan a la verdad o lo intentan. En otros términos: especialmente cuando se agudiza la lucha de clases y la de los pueblos indígenas, aquel comportamiento de esos medios se acentúa en grado sumo.

Medios de difusión, aunque lo nieguen, son “aparatos ideológicos” que se comportan, a menudo conscientemente, como “intelectuales colectivos”, elaboradores y/o difusores dediscursos ideológicos y políticos. Al informar, comunicar (las pocas veces que lo hacen), opinar e interpretar cumplen su “misión” y despliegan su “visión”, elaborados según los intereses materiales que defienden o que ayudan a defender con su labor que aparece como puramente periodística y hasta imparcial, como dicen que lo hacen los dueños de los medios privados o los editores a su servicio.

En cuando a los medios públicos, como pocas veces, la Ministra de Comunicación, como registró Cambio (el 20 de este mes), en este caso liberado de sospecha de manipulación o tergiversación, en esa reunión de agencias de noticias y los medios estatales y/o gubernamentales en nuestro país, dijo que “…hacen trabajo político en defensa del proceso y de las medidas que se toman para favorecer no a los sectores privilegiados sino a los excluidos”.

¿Cómo desempeñan esa labor? Es un tema que abordaremos en otras notas como ésta, como lo hemos hecho antes. Examinaremos también otras mentiras “garcíalineristas” sobre la protección del Estado por la sociedad, acerca de la democratización de la actividad de los medios y otras afirmaciones suyas que para algunos periodistas “distraídos” se tratarían de análisis fundamentales.

Resulta ineludible referirnos a las mentiras del Vicepresidente, a las mentiras gubernamentales y/o estatales de alguien que ha tomado como labor casi exclusiva la difusión de las pocas ideas que sostienen los gobernantes bolivianos, que las elaboran y/o las asumen como propias. Básicamente fueron tres las mentiras que propagó el funcionario público en esa reunión con delegados de las agencias de noticias estatales y/o gubernamentales respecto del TIPNIS y del camino de la discordia:

— Que el TIPNIS no es el pulmón del mundo del que hablaron los medios de difusión porque es un pulmón canceroso debido a que de él empresarios privados extraen madera, venden cueros de lagartos y que europeos y estadounidenses disfrutan de un turismo muy caro.

— Que el camino Villa Tunari-San Ignacio de Moxos no destruirá más que 200 hectáreas de bosque, lo que es casi nada respecto de las 250 mil hectáreas que cada año saquean empresarios madereros en el departamento de Santa Cruz.

— Que aquella vía no es parte de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), aprobada en una Cumbre de las Américas y sugerida, entre otros, por el entonces Presidente de Brasil Henrique Cardozo.

El núcleo del TIPNIS mantiene sus riquezas, según la racionalidad indígena, y si algo de ellas se ha depredado es por culpa de cocaleros y colonizadores que, como grupos económicos, tienen un denominador común inocultable: allí donde han desarrollado su actividad unos y otros sólo lo han conseguido con una depredación verificada y verificable. El Chapare, en el que campean los cocales, es una demostración de lo que afirmamos y cuya producción de coca se destinada para la producción de cocaína en un 95 por ciento, según estudios responsables; tierras que fueron dotadas gratuitamente por el Estado y que ahora los cocaleros pretenden venderlas a YPFB (es decir, al Estado) en $us. 4.500 la hectárea. La depredación de las riquezas forestales en Guarayos, luego de la construcción de un camino, es otro ejemplo del saqueo de la naturaleza.

Admitamos, provisionalmente, que el TIPNIS ya no es virgen y que está en depredación por empresarios madereros, con la complicidad de indígenas y de ONG. Un Estado que se cree plurinacional (por éste el Vicepresidente ha dicho que es el Estado integral de Gramsci), lo menos que tiene que hacer es tomar las medidas destinadas a preservar lo que reste del bosque, al menos en la parte que es reserva natural, de propiedad estatal y demandar que los indígenas tomen medidas correlativas en su hábitat natural o territorio que les pertenece.

Parece que el razonamiento del pretendido ideólogo del gobierno actual es que acabe lo más rápido posible el reservorio de bosque, animales, agua, biodiversidad, con el argumento implícito, en su discurso ante los periodistas de agencias de noticias estatales y/o gubernamentales, de que los bolivianos no debemos ser guardabosques pobres al servicio de los países ricos y de las ONG conservacionistas: los nuevos instrumentos del colonialismo, como dijo el Presidente en la Cumbre de Río de Janeiro + 20.

Las normas bolivianas disponen —lo que es de veras esencial— que en el TIPNIS hay un área intangible, que permanece virgen y en el que deben mantenerse las riquezas allí existentes; un segundo espacio está destinado a que los indígenas utilicen esas riquezas para la subsistencia, con la racionalidad que ellos practican y, un tercer perímetro en que extensivamente crían ganado empresarios tradicionales del Beni y los más o menos nuevos ganaderos que son los colonizadores de origen “colla”; entre unos y otros hay quienes detentan tierras sin títulos de propiedad ni saneamiento.

Respecto de que sólo 200 hectáreas de bosque del TIPNIS serán destruidas por el camino de la discordia, nos remitimos al estudio del PIEB que establece que con esa vía en 18 años se depredará más del 60 por ciento de esa riqueza, incluidos los animales, el agua, la biodiversidad. Y lo más importante: con la destrucción de esas riquezas será depredado el hábitat natural de los indígenas, lo que provocaría un etnocidio, es decir, la aniquilación de esos pueblos. Dirigentes de los marchistas en La Paz, como Fernando Vargas, dijeron que si eso pretenden los gobernantes deben tener el coraje de confesarlo. Algunos intelectuales bolivianos, no biólogos, creen, pero no lo dicen en voz alta, que el camino de la discordia facilitará el desarrollo y que los habitantes del TIPNIS, al tiempo de perder sus rasgos comunitarios, como la posesión colectiva sobre el territorio, se proletarizarán, lo que sería progresivo porque la existencia de pueblos indígenas es un anacronismo, agregan.

La carretera por el TIPNIS no es parte de la propuesta de caminos para integrar Sudamérica, afirma García Linera. Pero calza con IIRSA lo que basta para los que se beneficiarán con el camino: las empresas transnacionales que operan en Brasil y Chile, ganaderos, madereros, colonizadores y cocaleros. Los dos últimos se han encargado de aclarar que ese camino es una oferta electoral del Presidente, lo que la actual Presidenta del Senado y el Ministro de Gobierno en funciones han confirmado.
Las mentiras gubernamentales, las que ayuda a elaborar y difundir el Vicepresidente, hacen daño al pueblo boliviano, a los indígenas en especial.

En los avisos que difunden las televisoras, contra las que habla García Linera, refuerzan las mentiras del gobernante. Mentiras que, sensiblemente, son tomadas por ciertos públicos como información verdadera, comunicación para nuestros pueblos, opiniones responsables e interpretaciones éticas. No obstante, confrontadas con la realidad, son mentiras las que divulgan (sobre el TIPNIS) el Presidente, el Vicepresidente, ministros, funcionarios de menor rango y los voceros oficiosos, los llunk’us desvergonzados.

Cualquiera investigación, periodística o de otro tipo, que reconozca el conocimiento existente sobre el TIPNIS y que descubra un nuevo conocimiento sobre éste (por ejemplo respecto de la investigación científica que habrían hecho algunos que fungían como turistas) acabaría por sepultar las mentiras de los gobernantes y de los repetidores y facilitadores de las falsedades que sí son construcciones de una realidad inexistente.

Y si el Vicepresidente tuviera otra trama esperáramos de él una autocrítica con la que recojería sus mentiras, a las que considera certezas. Por ello, apelamos a la práctica para que se encargue de restaurar la verdad sobre el TIPNIS y sus defensores. Y es lo que ya ocurre porque las mentiras jamás duran cien años.
* Periodista editor del semanario Aquí, http://www.semanarioaqui.com

Desde la AMIA criticaron a Evo Morales mientras Cristina Kirchner visita Bolivia

El titular de la AMIA, Guillermo Borger, mientras la presidenta Cristina Kirchner está de misión oficial en Bolivia, reiteró sus críticas a Evo Morales, durante el acto por el 18 aniversario del atentado a la entidad judía, por haber recibido al ministro de Seguridad de Irán Ahmad Vahidi.

Borger, único orador de la ceremonia, durante su discurso consideró que "sin la estrecha y real colaboración de Interpol con la justicia argentina y la justicia internacional, los imputados seguirán burlándose de nosotros y las victimas, como lo hizo hace poco tiempo el ministro de Seguridad de Irán (Ahmad Vahidi), uno de los principales requeridos y sospechados, siendo recibido con honores oficialmente en territorio boliviano".

Multinacional india se va de Bolivia y anticipa demanda

La multinacional india Jindal Steel canceló un millonario contrato en Bolivia para explotar hierro, advirtió con iniciar procesos legales al gobierno boliviano y puso en jaque el plan de industrialización del sector.

Tras fracasar la última negociación con las autoridades, la compañía anunció el miércoles en un comunicado de prensa su salida del país. Acusó al gobierno de frustrar "sus esfuerzos para resolver los problemas y llevar adelante el proyecto" y lamentó que sus ejecutivos hayan sido "maltratados", "perseguidos" y tratados como "delincuentes".

Desde su matriz en Nueva Delhi, Jindal Steel anticipó que interpondrá una demanda por daños y perjuicios.

Muere dirigente indígena que quedó cuadripléjico en accidente en Yungas

El corregidor de la comunidad Nueva Vida del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), Aldo Moreno Antezana, que quedó hace un mes cuadripléjico tras un accidente de tránsito en los Yungas de La Paz donde murieron dos originarios de la IX marcha, falleció esta madrugada informó la presidenta la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEM-B), Bertha Bejarano.

“Ha fallecido esta madrugada nuestro hermano del TIPNIS, estaba muy mal, estaba cuadripléjico. Su familia se lo quería llevar a su casa, pero se murió”, declaró Bejarano a la Agencia de Noticias Indígenas de Erbol.

El presidente de la Subcentral Sécure, Emilio Noza, señaló que el cuerpo sin vida de Moreno será llevado al coliseo de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), para luego trasladarlo a Santa Cruz, desde ahí partirán a Trinidad para dirigirse al TIPNIS.

El médico que atendió a Aldo Moreno, Gonzalo Poma, indicó que el indígena se encontraba en los últimos días de su vida deprimido porque era consciente de su situación y recibía oxigeno mediante una máquina. Un paro cardíaco fue la causa de su deceso.  

“Aldo tuvo una lesión en la medula espinal en el cuello, cuando ha tenido el accidente, esa lesión le ha cortado la médula espinal por eso no puede mover el cuerpo”, declaró.

Datos

Aldo Moreno tenía 34 años de edad y era padre de una hija (17), fue parte de la IX marcha. Durante la movilización pidió al presidente Evo Morales que respete a los indígenas de la caminata y que deje de desacreditarlos.

“Somos el pueblo los que estamos aquí. Somos nosotros la autoridad los que estamos marchando, no es no más como dice el gobierno que son dos, tres corregidores (…) ellos también tienen que respetarnos, como pueblos nos merecemos respeto”, manifestó a Erbol.

Cuestionó al Primer Mandatario por su insistencia en construir la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos en medio del TIPNIS y por ingresar a esa región, que se encuentra entre los departamentos de Beni y Cochabamba, para dividir a los indígenas.
Erbol

Juez condena a cuatro años de reclusión al hermano de Mario Cossío

El Juez Primero de Instrucción Cautelar en lo Penal de Tarija, Walter Chumacero, sentenció a cuatro años de reclusión a Pablo Fabián Cossío Cortez, hermano del suspendido gobernador Mario Cossío, por los  delitos de enriquecimiento Ilícito de particulares con afectación al Estado, asociación delictuosa e incumplimiento de contrato,  en grado de complicidad, pena que deberá cumplir en el Penal de Morros Blancos.

Asimismo, con el objeto de reparar daño ocasionado al Estado y de conformidad a la renuncia a sus bienes realizada por Cossío, el Juez dispuso la confiscación de los bienes de la Empresa COMAS, incautados en el año 2011 y de un bien inmueble situado en la ciudad de Sucre.

Cossío fue imputado el 21 de octubre de 2010 luego de identificarse indicios de varias irregularidades en la suscripción del contrato para la construcción de la Piscina Olímpica del Departamento de Tarija, así también  en la entrega del anticipo otorgado por la entonces Prefectura de Tarija a la Asociación Accidental ECOTAR Y ASOCIADOS, correspondiente a Bs9.236.166,52.

El Ministerio Publico demostró en audiencia mediante declaraciones y prueba documental, que Pablo Cossío, conjuntamente con uno de los coimputados, recibió –del anticipo antes referido- la suma de aproximadamente $us510.000.

Pablo Cossío,  en audiencia, reconoció y aceptó su participación en la comisión de los delitos por los cuales se lo sentenció. (Información del Ministerio de Transparencia)
Erbol