Moira Veronica Sandoval Calvimonte
Este 22 de abril se celebró por tercer año consecutivo el Día Internacional de la Madre Tierra, oportunidad que debe servir para recordar la obligación y la necesidad que tenemos los seres humanos de preservar el lugar donde vivimos para heredar algo a nuestros descendientes y momento en el que debemos renovar el compromiso de defensa de la Madre Tierra. En la fecha, los gobiernos deberán reconsiderar si siguen con políticas desarrollistas a ultranza, pues más allá de los discursos líricos, la tendencia a nivel mundial es que los estados realicen sus actividades productivas aprovechando responsablemente los recursos naturales y evitando prácticas ilegales que dañen la Pachamama.Fueron las iniciativas del senador norteamericano Gaylord Nelson, quien desde el año 1962 propugnaba la defensa del medio ambiente -y contando con el apoyo del presidente J.F. Kennedy- estas preocupaciones por la crisis medioambiental fueron evolucionando los siguientes seis años. Durante una gira de conservacionismo, en una conferencia septiembre de 1969 en la ciudad de Seattle –y presenciando la eclosión de manifestaciones anti-guerra de Vietnam que inundaban los campus universitarios- al senador Nelson se le ocurrió la idea de realizar una concentración masiva y planteó una manifestación popular a escala nacional en nombre del medio ambiente, que fue anunciada para la primavera de 1970. La difusión que realizaron las agencias noticiosas invitando a todos a participar, obtuvo una respuesta frenética: llegaban telegramas, cartas y consultas telefónicas de todas partes del país a la oficina del senador Nelson. El pueblo americano finalmente contaría con un foro para expresar su preocupación por lo que estaba pasando con la tierra, ríos, lagos, y el aire. Y se manifestaron de manera espectacular y apoteósica.
De tal modo fue instituido el 22 de abril de 1970 como “Día de la Tierra”, hasta que el año 2009, en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y ante la presencia de los representantes de 192 países, el presidente Evo Morales propuso denominar a esta fecha como “Día de la Madre Tierra”, expresando que “…ha llegado el momento de reconocer que la Tierra no nos pertenece, sino que nosotros pertenecemos a la Tierra”, aprobándose una resolución apoyada por la totalidad de los allí presentes.
Esta declaración envuelta en una atmósfera mística, sonó imponente y fue aclamada por el concierto internacional, pero al cabo de dos años cayó en la vulgaridad de la típica frase de un político en momentos electoreros y se tornó vacía de contenido, desde el momento que el mismo presidente Evo Morales emprendió la aventura de construir una carretera atravesando el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure, olvidando sus promesas de proteger la Madre Tierra y la biodiversidad, e ignorando su obligación constitucional de respetar y hacer respetar el medio ambiente y la Pachamama.
Evidentemente esos derechos colectivos que asisten a todos los bolivianos, se hallan consagrados en el artículo 33 de la Constitución Política del Estado, que establece:
“Las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir a los individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse de manera normal o permanente”
Para garantizar estos derechos, se impone al Estado la obligatoriedad de protegerlos, cuando en el capítulo de Medio Ambiente, Recursos Naturales, Tierra y Territorio de la CPE, señala el artículo 142 que
“Es deber del Estado y de la población conservar, proteger y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad, así como mantener el equilibrio del medio ambiente.”, consolidando el compromiso que propuso el presidente Morales para que en el ámbito internacional, se asegure que los estados asuman la preservación del medio ambiente como una tarea fundamental.
Rol de Evo Morales y de las transnacionales:
No obstante existir previsiones constitucionales protectivas del medio ambiente y la madre tierra, el presidente Morales no le hace honor a su imagen de defensor de la madre tierra, incumpliendo este rol con varios actos, todos ellos visibilizados a raíz del conflicto reactivado con la promulgación de la Ley de Consulta N° 222, cuya finalidad es poner en consideración la intangibilidad del TIPNIS y la construcción de la carretera que atraviesa dicha área protegida, cuya prohibición se halla establecida en la Ley N° 180.
El compromiso ambientalista asumido ante el plenario de las Naciones Unidas fue desconocido por el mandatario desde que demostró su empeño en construir la carretera en medio del TIPNIS aún a costa de vulnerar derechos constitucionales y normativa específica dirigida a la protección del medio ambiente y la biodiversidad y los procedimientos señalados en normas administrativas, como se advierte de los vicios que ahora se conocen del contrato suscrito con OAS(incluyendo la obtención de la ficha ambiental como requisito para la suscripción del contrato).
Otro de los actos que denotan la supeditación del presidente Morales a la transnacional OAS y su voluntad de concretar la carretera bio-depredadora, es que cuando los indígenas de la VIII Marcha demandaban su presencia para dialogar, éste se negó categóricamente a concurrir personalmente a negociar con ellos. Sin embargo en pleno conflicto, asistió a un evento organizado por la empresa OAS, que es la empresa adjudicataria de la construcción de la carretera, mediante contrato que involucra más de 400 millones de dólares. Con ello el mandatario pone en evidencia los fuertes compromisos que le reatan a la transnacional.
Siendo igualmente opuesto a la protección a la Madre Tierra, recientemente el Presidente Morales anunció que la Asamblea Legislativa aprobará una norma para “separar la licencia ambiental de la consulta y participación”, con el objetivo de “destrabar” las inversiones en proyectos estatales estratégicos, al observar que los procedimientos destinados a garantizar la protección del medio ambiente en proyectos estatales, y la disminución del impacto ambiental en las áreas protegidas mediante implementación de la Consulta Previa, se han convertido en un obstáculo para la entrega de estos territorios a empresas transnacionales.
Con los antecedentes señalados, ya no puede quedar dudas de la subordinación del gobierno del presidente Evo Morales a los intereses geopolíticos transnacionales, al punto de pretender modificar la normativa de naturaleza protectora del medio ambiente, que le ha dado bastantes disgustos al momento de ejecutar la voluntad de las transnacionales.
Recientemente, el mandatario declaró que anulará el contrato con OAS, no obstante que se había negado tozudamente durante meses a revisar este contrato a pesar de las observaciones realizadas por la contraloría y aunque fue firmado sin cumplir el requisito legal de la consulta previa. Empero, este anuncio en vísperas del inicio de la novena marcha es simplemente un acto manipulador para habilitar que la consulta figure como previa al no existir el contrato vigente en el momento de consultar a las comunidades.
Más dicha medida no implicaría la disolución del contrato, según palabras del representante de OAS, el contrato podrá modificarse en cuanto a sus modalidades (plazo, formas de pago) pero no extinguirse ni disolverse, es decir que se mantendrá el vínculo contractual.
Por lo señalado, dicha transnacional guarda la tranquilidad característica de quien sabe que el negocio está asegurado, con la certeza de que el compromiso de Evo Morales con Lula y la burguesía agroindustrial del Estado de Rondonia es de gran magnitud. Da Silva sabe que el poder económico y político presionarán enérgicamente al gobierno boliviano para la construcción de la carretera, ya que es el único tramo que falta concluir: la parte que recae en territorio brasilero ya está conectada, solo restaría pavimentarla.
La mentada carretera, que formaría parte del corredor bioceánico, comprende un tramo que debería concretarse vía Villa Tunari-San Ignacio de Moxos – Trinidad - Puerto Ustarez (Rondonia). Separados por el río Itenes o Guaporé, en la otra orilla y cruzando la frontera se encuentra el Municipio Costa de Márquez del Estado de Rondonia, en ese municipio debe conectarse con la mega-carretera denominada BR 429, que ha sido construida en los últimos 3 años con una inversión de 1.100 millones de dólares, aprobada el 2009 bajo la consigna de concluirla lo antes posible.
Los intereses en juego son tan poderosos que para su construcción han desalojado y despojado de sus territorios a miles de indígenas brasileños, contaminando indiscriminadamente el medio ambiente y deforestado miles de hectáreas de dicho bosque.
Esta muestra de imperialismo destructivo y bienintencionado en apariencias, en procura del desarrollo, hace cómplice al gobierno nacional que ha sido sumiso y complaciente con el vecino país. Sin embargo, el presidente Morales debería establecer límites al gobierno brasilero en su política de exportación de excesos ya ocurridos en sus territorios protegidos.
Por lo demás, resulta inaudito comprobar que el autoproclamado defensor de la Madre Tierra, se encuentre ahora supeditado a los intereses geopolíticos transnacionales, siguiendo el modelo desarrollista que es eminentemente biodepredador, convirtiéndose en el principal avasallador de la Madre Tierra, y otro de tantos gobernantes rendidos a los intereses geopolíticos transnacionales.
Carretera que atenta contra la madre tierra:
Adicionalmente a los efectos desastrosos sobre la calidad de vida de los habitantes del TIPNIS, la carretera en cuestión -por la implicancia del transporte terrestre- alterará el sistema ambiental físico, químico, biológico, cultural y socio económico a lo largo de todo su trayecto. Todo proyecto de transporte conlleva un impacto ambiental, y por efecto del desarrollo de la infraestructura, modifica sin duda el uso del suelo y la ocupación territorial.
Desde el inicio de las obras, el desarrollo de las actividades técnicas y de trabajo, provocarán efectos funestos sobre la calidad de vida de la población y el medio ambiente, mediante la emisión de polución del aire y del agua, generación de accidentes, vibración del suelo por el movimiento del sistema vehicular pesado. La ausencia de control de contaminación del parque vehicular que emplea motores a combustión ocasionará la polución atmosférica local y nacional, pues se comprobó mediante estudios técnicos, que el sistema de transporte terrestre es el causante de la mayor emisión de CO2.
Adicionalmente, la condición de Evo Morales como máximo dirigente de las Federaciones de cocaleros y el compromiso asumido con sus sindicalizados de entregarles tierras en el TIPNIS, haría permisiva la gestión gubernamental ante la penetración de los cocaleros al parque nacional, que además estaría facilitada con la vía asfaltada.
En dicho contexto, la visión de protección a la madre tierra y a los pueblos indígenas, constituye un escollo para la economía de la coca, por ser el cocalero del trópico de Cochabamba un depredador de la naturaleza, a quien no le interesa si como efecto de cultivar la hoja de coca, se afecta irreversiblemente la biodiversidad existente y se inutiliza la tierra de por vida. El capitalismo creciente de la hoja, al igual que su vocación colonizadora, requiere ejercitar la deforestación.
Para la desforestación e invasión del parque nacional y territorio indígena, los cocaleros son aliados indisolubles con el gobierno -y el presidente lo sabe- por ello en Moxos, quejándose a sus bases cocaleras, les dijo “…yo dejo en manos de ustedes...Es decisión de ustedes que se haga esta integración caminera... Esperemos que ustedes puedan entenderse con algunos dirigentes del TIPNIS o del departamento del Beni”.
En dicha reunión se leyeron documentos demandando al Legislativo aprobar una ley corta para anexarse al beniano San Ignacio de Moxos a Cochabamba y empezar la construcción de la carretera en el tramo II por sí mismos, todo con la complicidad del presidente Evo Morales.
Son a estas alturas demasiadas acciones al margen de las leyes. La retórica aplicada con cinismo, sobre la madre tierra y los derechos de los pueblos originarios, no basta para justificar los efectos de la desforestación, los atentados a la biodiversidad y el lento genocidio de los pueblos mojeños, chimanes y yuracarés, que acarrearría la construcción de la carretera transnacional.
En este contexto de sucesivos incumplimientos del presidente Morales a la Constituciòn y las leyes que protegen la Madre Tierra, la única respuesta posible de los indígenas en defensa de la madre tierra y de su hábitat, o de los ciudadanos con conciencia ecológica, es asumir un compromiso decidido de protección a la Madre Tierra, la biodiversidad y la vida, mediante las acciones que sean posibles ejercitar en democracia.
Si bien la decisión es individual, la acción debe ser colectiva, pasar de ser hijos a ser protectores de la Pachamama. De ahí que quepa afirmar que somos las generaciones con la responsabilidad histórica de decidir entre ser protector o ser destructor de la Madre Tierra.
*Abogada independiente – Miembro titular de la Academia Boliviana de Ciencias Penales.
