La arrogancia de Evo contra Roger (y Dilma)

(Urgente24). Roger Pinto Molina, más conocido como Roger Pinto, llegó a la embajada de Brasil el 28/05, y pidió asilo político alegando que su vida corría peligro y que estaba sufriendo persecución política.

Brasil le concedió asilo, pero Bolivia todavía no ha emitido un salvoconducto que le permita al senador abandonar la embajada y llegar al aeropuerto.

En la sede diplomática, Roger Pinto se aloja en una habitación improvisada, donde pasa el día leyendo periódicos, hablando con su familia por teléfono y recibiendo a políticos de su partido, Convergencia Nacional.

"Sin salvoconducto no puede salir de la embajada hacia el aeropuerto para embarcar rumbo a Brasil", explicó el diputado Luis Oliva.

Según él, todo ocurre en un "momento de pausa política entre Brasil y Bolivia" en relación a la situación del senador opositor al gobierno de Evo Morales.

Los interlocutores del gobierno brasileño señalan que su país aún no ha recibido una respuesta oficial de Bolivia sobre la situación de Roger Pinto, quien fue gobernador del departamento de Pando.

El vicecanciller boliviano Juan Carlos Alurralde, y la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, dieron versiones contrarias sobre la posición del Gobierno boliviano.

Mientras Alurralde dijo que Bolivia no rechazó y tampoco aceptó el pedido brasileño, Dávila indicó que el Ejecutivo boliviano “no puede” dar la autorización al senador opositor.

Ella llamó “vocero político” de Pinto al embajador brasileño en Bolivia, Marcel Biato.

Alurralde explicó que la Cancillería aguarda la respuesta del Gobierno brasileño a una carta enviada por el canciller David Choquehuanca en la que pide a ese país reconsiderar el asilo a Pinto, debido a que éste afronta diversos procesos judiciales.

El vicecanciller boliviano dijo que mientras no tenga esa respuesta, se mantendrá en suspenso el tema.

Pero Dávila rechazó la solicitud de salvoconducto. "La Constitución dice que el Estado boliviano no puede otorgar un salvoconducto y no puede aceptar un asilo político para una persona que tiene procesos en la justicia ordinaria por causas que tienen que ver con delitos comunes", dijo.

Aqui un texto del diario paulista O Estado:

"Al ser confirmada la información dada a conocer por el diario Valor de que Bolivia le negó el salvoconducto al senador de la oposición Roger Pinto Molina, quien se refugió en la embajada de Brasil en La Paz y luego recibió asilo político, la presidente Dilma Rousseff se enfrenta a un conflicto diplomático no menos espinoso, en el plan bilateral, que el causado por su decisión de considerar "ruptura del orden democrático" la destitución del presidente paraguayo Fernando Lugo y de promover la suspensión del país del Mercosur.

La diferencia es que, en el caso de Bolivia, la posición de Brasil es indiscutible.

Por un lado, porque es coherente con la antigua tradición de Itamaraty, ampliamente compartida en América Latina, de dar cobijo a figuras públicas en situación de riesgo en sus respectivos países, independientemente de sus posiciones políticas o ideológicas y sin entrar en los méritos de acusaciones de las que son blanco.

Por otro lado, debido a que los cargos hechos a quien recibió asilo –con cargo electivo, en el ejercicio de su mandato- configuran un caso patente de persecución política.

Es una práctica recurrente de los sistemas alineados con el autócrata venezolano Hugo Chávez, tales como Evo Morales, en Bolivia, y Rafael Correa en Ecuador, fabricar contra sus opositores denuncias de delitos comunes para dar un barniz de legalidad a la represalia por sus actitudes políticamente inconvenientes.

La intimidación contra el senador Molina consistió en más de 20 demandas presentadas, no por casualidad, después de que él señaló con el dedo a los miembros del gobierno de La Paz por su presunta participación en actos de corrupción y tráfico de drogas. En orden, el senador decidió llamar a las puertas de la representación brasileña.

Lo que más enfureció a Evo Morales fue la iniciativa de Molina de enviar al gobierno una copia de un informe policial que implica al asistente más cercano del presidente, Juan Ramón Quintana.

Él ejerce en el Palácio Quemado cargo equivalente a ministro jefe de la Casa Civil del Planalto.

De acuerdo con los documentos citados por la revista Veja, en noviembre de 2010, cuando dirigía la agencia boliviana de desarrollo regional, Quintana fue visto entrar en la casa del brasileño Maximiliano Dorado Munhoz Filho, en Santa Cruz de la Sierra. Lo acompañaba una ex Miss Bolivia, Jéssica Jordan, también titular de un cargo público.

Maximiliano o Max, tal como le dicen, había huido años antes de la cárcel de Rondonia, donde cumplía una condena por tráfico de cocaína. Se instaló -apropiadamente, tal vez sea el caso de decir– en la Bolivia del líder cocacolero Evo Morales, cocalero.

20 minutos después de que Max abriera las puertas, Quintana y Jéssica salieron con 2 carpetas 007. Después de 2 meses, el anfitrión fue recapturado y transferido a una prisión de máxima seguridad en Paraná. No se sabe que contenían las maletas. Tampoco se sabe si Morales personalmente participa en el tráfico. Pero la furia con que la que atacó a Molina permite todo tipo de suposiciones.

Ahora, la negativa del bolivariano de permitir que el senador deje la embajada brasileña para ir a Brasil representa una provocación nacida de la arrogancia.

Morales fue mal acostumbrado por la pasividad del entonces presidente Luiz Inácio Lula da Silva, frente a la ocupación de una refinería de Petrobras por parte de las fuerzas del ejército boliviano en mayo de 2006, poco después de la nacionalización del petróleo y el gas en Bolivia. Morales puede pensar que Dilma Rousseff aceptará con la misma quietud de su antecesor, el nuevo acto poco amistoso con Brasil. Si ella lo aceptara, será una sorpresa -y no sólo una cuestión de estilo, temperamento o sentido de agravio-.

Descartada, por impensable, la prohibición del asilo a Molina sería vergonzoso para el gobierno brasileño, en este comienzo de siglo 21, tolerar que se reproduzca la humillante situación experimentada por Colombia entre 1949 y 1954.

Durante estos 5 años se mantuvo en el asilo de su embajada en Lima, el legendario pensador y político peruano Víctor Raúl Haya de la Torre (1895-1979), perseguido por el entonces dictador Manuel Odría. Sólo después de presiones internacionales, de las que participó nada menos que Albert Einstein, Odría autorizó a Haya a salir del país."

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Delimitan territorios de ayoreos en aislamiento voluntario en los parques Kaa-Iya y Otuquis

Redacción Bolpress

Un equipo técnico multidisciplinario identificará y demarcará el territorio que ocupan los pueblos ayoreos en aislamiento voluntario en los Parques Nacionales y Áreas Naturales de Manejo Integrado (PNANMI) Kaa-Iya y Otuquis en el Gran Chaco boliviano. El estudio debe determinar mecanismos que garanticen el ejercicio de su derecho a mantenerse en aislamiento en un plazo de 18 meses, instruye el Decreto Supremo N. 1286 emitido el 4 de julio de 2012.

Desde 2007 una comisión técnica de alto nivel integrada por representantes del gobierno y de la Central Ayorea Nativa del Oriente Boliviano (CANOB) redactan un decreto destinado a la protección de familias ayoreas en aislamiento voluntario, en cumplimiento del artículo 31 de la Constitución Política del Estado (CPE).

La CPE establece que las naciones y pueblos indígenas originarios en peligro de extinción, en situación de aislamiento voluntario, y no contactados serán protegidos y respetados en sus formas de vida individual y colectiva. La Carta Magna reconoce que los pueblos indígenas en aislamiento voluntario gozan del derecho a mantenerse en esa condición, y a la delimitación y consolidación legal del territorio que ocupan y habitan.

El director Ejecutivo del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) Saúl Chávez informó que el pueblo ayoreo demandó un territorio de aproximadamente 3,4 millones de hectáreas dentro de los Parques Nacionales Kaa-Iya del Gran Chaco y Otuquis, que ocupan parte del chaco boliviano, la Chiquitania cruceña y una zona del chaco cruceño declarada área fiscal y destinada a la exploración petrolera.

El Decreto 1286 aprobado el 4 de julio instruye realizar un monitoreo de las zonas en las que están asentadas las familias no contactadas o en aislamiento voluntario; verificar su ubicación, y demarcar sus territorio de una extensión aproximada de tres millones de hectáreas en las provincias Germán Bush, Chiquitos y parte de Cordillera, para evitar el ingreso de terceros. El objetivo es complementar los estudios existentes sobre las poblaciones ayoreas en aislamiento voluntario que habitan en un área de 1,9 millones de hectáreas declaradas como zona de protección estricta (intangible) en el PNANMI Kaa-Iya del Gran Chaco.

El decreto delimita el área de estudio de una superficie de 536.568 hectáreas, desde el vértice saliente del área de protección estricta del PNANMI Kaa-Ia hasta el vértice nor oeste al inicio del área del PNANMI Pantanal de Otuquis.

El objetivo es identificar la presencia de grupos de ayoreos en situación de aislamiento voluntario y sus áreas de ocupación y tránsito campamentos, sendas, sitios de cacería, pesca y otros durante la realización de sus actividades; y determinar mecanismos que garanticen el ejercicio de su derecho a mantenerse en aislamiento voluntario, con la recomendación de las medidas de protección que correspondan, detalló la ministra de Desarrollo Rural y Tierras Nemesia Achacollo.

El gobierno ratificó la actual condición de la zona de protección estricta que contempla la categoría de Parque Nacional, para asegurar la protección y conservación de poblaciones viables de flora y fauna. En ese sentido, Achacollo recalcó que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) no podrá realizar actividades de exploración o explotación dentro de las áreas de interés del estudio técnico.
El equipo técnico multidisciplinario será contratado por el Viceministerio de Tierras, y realizará el estudio en coordinación con representantes de la CANOB. Se espera que presente resultados en un plazo de 18 meses.

Cuantificarán el valor de los parques

La sub jefa de la bancada de Convergencia Nacional (CN) en la Cámara de Diputados Paola Zapata presentará un estudio técnico sobre el valor médico de los parques nacionales y áreas protegidas, como marco para una política de desarrollo sostenible y no extractivo de estas zonas del país.

“El estudio, al que se están haciendo las revisiones finales, indica que el valor económico de los parques nacionales y áreas protegidas de Bolivia, en potenciales patentes médicas, supera al del salar de Uyuni y al del Mutún. Si tenemos en cuenta que la industria farmacéutica es la segunda del mundo, luego de la industria del armamento, tendremos idea del futuro que tiene ese sector en el siglo XXI”, destacó Zapata.

Según la legisladora, “los parques son el nuevo Cerro Rico de Bolivia, sin necesidad de que sean explotados de manera extractiva; tan sólo debemos registrar la biodiversidad para luego cobrar las patentes y generar una industria farmacéutica nacional. El destino de los parques no tiene por qué ser la coca, la madera o el petróleo”.

El Vicepresidente García Linera miente, miente y miente

Remberto Cárdenas Morales *

El Vicepresidente Álvaro García Linera, tal como lo hace en su libro Las tensiones creativas, publicado con nuestro dinero y distribuido gratis, en una reunión con periodistas de agencias de noticias estatales y/o gubernamentales de Nuestra América realizada en La Paz, ha difundido mentiras que no resisten la menor confrontación con la realidad, que sería la manera de mostrar que el segundo mandatario de Bolivia recurre a la mentira sobre el TIPNIS, otra vez, a falta de argumentos.

El segundo mandatario boliviano antes afirmó, ante medios de difusión, que los indígenas de la IX marcha habían “degradado” esa forma de lucha: la caminata y, además, que los indígenas de las tierras bajas dividen a sus organizaciones y a sus bases. Sin embargo, se sabe que ambos hechos fueron promovidos, financiados, organizados e impuestos por los gobernantes, pero el Vicepresidente les atribuye a los originarios haberlos protagonizado.

La marcha de los comunarios de Mallku Q’ota fue “copada” por cooperativistas enviados por el gobierno y por gente del lugar pagada por la South American Silver (SAS). En cuando a la división de la CIDOB pocos deben desconocer que fue el gobierno el que impuso el nombramiento de Melva Hurtado como presidenta de esa central indígena en reemplazo dudoso de Adolfo Chávez. Por ello, nosotros afirmamos que esas dos mentiras son algo así como el prólogo de las dichas por García Linera en la reunión con periodistas de las agencias de noticias estatales y/o gubernamentales.

Reiteramos un criterio que sostenemos desde hace tiempo: la mayoría de los medios de difusión (incluidos los estatales o gubernamentales de nuestro país) en su trabajo diario censuran, se autocensuran, dicen medias verdades, manipulan, matan a la verdad o lo intentan. En otros términos: especialmente cuando se agudiza la lucha de clases y la de los pueblos indígenas, aquel comportamiento de esos medios se acentúa en grado sumo.

Medios de difusión, aunque lo nieguen, son “aparatos ideológicos” que se comportan, a menudo conscientemente, como “intelectuales colectivos”, elaboradores y/o difusores dediscursos ideológicos y políticos. Al informar, comunicar (las pocas veces que lo hacen), opinar e interpretar cumplen su “misión” y despliegan su “visión”, elaborados según los intereses materiales que defienden o que ayudan a defender con su labor que aparece como puramente periodística y hasta imparcial, como dicen que lo hacen los dueños de los medios privados o los editores a su servicio.

En cuando a los medios públicos, como pocas veces, la Ministra de Comunicación, como registró Cambio (el 20 de este mes), en este caso liberado de sospecha de manipulación o tergiversación, en esa reunión de agencias de noticias y los medios estatales y/o gubernamentales en nuestro país, dijo que “…hacen trabajo político en defensa del proceso y de las medidas que se toman para favorecer no a los sectores privilegiados sino a los excluidos”.

¿Cómo desempeñan esa labor? Es un tema que abordaremos en otras notas como ésta, como lo hemos hecho antes. Examinaremos también otras mentiras “garcíalineristas” sobre la protección del Estado por la sociedad, acerca de la democratización de la actividad de los medios y otras afirmaciones suyas que para algunos periodistas “distraídos” se tratarían de análisis fundamentales.

Resulta ineludible referirnos a las mentiras del Vicepresidente, a las mentiras gubernamentales y/o estatales de alguien que ha tomado como labor casi exclusiva la difusión de las pocas ideas que sostienen los gobernantes bolivianos, que las elaboran y/o las asumen como propias. Básicamente fueron tres las mentiras que propagó el funcionario público en esa reunión con delegados de las agencias de noticias estatales y/o gubernamentales respecto del TIPNIS y del camino de la discordia:

— Que el TIPNIS no es el pulmón del mundo del que hablaron los medios de difusión porque es un pulmón canceroso debido a que de él empresarios privados extraen madera, venden cueros de lagartos y que europeos y estadounidenses disfrutan de un turismo muy caro.

— Que el camino Villa Tunari-San Ignacio de Moxos no destruirá más que 200 hectáreas de bosque, lo que es casi nada respecto de las 250 mil hectáreas que cada año saquean empresarios madereros en el departamento de Santa Cruz.

— Que aquella vía no es parte de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), aprobada en una Cumbre de las Américas y sugerida, entre otros, por el entonces Presidente de Brasil Henrique Cardozo.

El núcleo del TIPNIS mantiene sus riquezas, según la racionalidad indígena, y si algo de ellas se ha depredado es por culpa de cocaleros y colonizadores que, como grupos económicos, tienen un denominador común inocultable: allí donde han desarrollado su actividad unos y otros sólo lo han conseguido con una depredación verificada y verificable. El Chapare, en el que campean los cocales, es una demostración de lo que afirmamos y cuya producción de coca se destinada para la producción de cocaína en un 95 por ciento, según estudios responsables; tierras que fueron dotadas gratuitamente por el Estado y que ahora los cocaleros pretenden venderlas a YPFB (es decir, al Estado) en $us. 4.500 la hectárea. La depredación de las riquezas forestales en Guarayos, luego de la construcción de un camino, es otro ejemplo del saqueo de la naturaleza.

Admitamos, provisionalmente, que el TIPNIS ya no es virgen y que está en depredación por empresarios madereros, con la complicidad de indígenas y de ONG. Un Estado que se cree plurinacional (por éste el Vicepresidente ha dicho que es el Estado integral de Gramsci), lo menos que tiene que hacer es tomar las medidas destinadas a preservar lo que reste del bosque, al menos en la parte que es reserva natural, de propiedad estatal y demandar que los indígenas tomen medidas correlativas en su hábitat natural o territorio que les pertenece.

Parece que el razonamiento del pretendido ideólogo del gobierno actual es que acabe lo más rápido posible el reservorio de bosque, animales, agua, biodiversidad, con el argumento implícito, en su discurso ante los periodistas de agencias de noticias estatales y/o gubernamentales, de que los bolivianos no debemos ser guardabosques pobres al servicio de los países ricos y de las ONG conservacionistas: los nuevos instrumentos del colonialismo, como dijo el Presidente en la Cumbre de Río de Janeiro + 20.

Las normas bolivianas disponen —lo que es de veras esencial— que en el TIPNIS hay un área intangible, que permanece virgen y en el que deben mantenerse las riquezas allí existentes; un segundo espacio está destinado a que los indígenas utilicen esas riquezas para la subsistencia, con la racionalidad que ellos practican y, un tercer perímetro en que extensivamente crían ganado empresarios tradicionales del Beni y los más o menos nuevos ganaderos que son los colonizadores de origen “colla”; entre unos y otros hay quienes detentan tierras sin títulos de propiedad ni saneamiento.

Respecto de que sólo 200 hectáreas de bosque del TIPNIS serán destruidas por el camino de la discordia, nos remitimos al estudio del PIEB que establece que con esa vía en 18 años se depredará más del 60 por ciento de esa riqueza, incluidos los animales, el agua, la biodiversidad. Y lo más importante: con la destrucción de esas riquezas será depredado el hábitat natural de los indígenas, lo que provocaría un etnocidio, es decir, la aniquilación de esos pueblos. Dirigentes de los marchistas en La Paz, como Fernando Vargas, dijeron que si eso pretenden los gobernantes deben tener el coraje de confesarlo. Algunos intelectuales bolivianos, no biólogos, creen, pero no lo dicen en voz alta, que el camino de la discordia facilitará el desarrollo y que los habitantes del TIPNIS, al tiempo de perder sus rasgos comunitarios, como la posesión colectiva sobre el territorio, se proletarizarán, lo que sería progresivo porque la existencia de pueblos indígenas es un anacronismo, agregan.

La carretera por el TIPNIS no es parte de la propuesta de caminos para integrar Sudamérica, afirma García Linera. Pero calza con IIRSA lo que basta para los que se beneficiarán con el camino: las empresas transnacionales que operan en Brasil y Chile, ganaderos, madereros, colonizadores y cocaleros. Los dos últimos se han encargado de aclarar que ese camino es una oferta electoral del Presidente, lo que la actual Presidenta del Senado y el Ministro de Gobierno en funciones han confirmado.
Las mentiras gubernamentales, las que ayuda a elaborar y difundir el Vicepresidente, hacen daño al pueblo boliviano, a los indígenas en especial.

En los avisos que difunden las televisoras, contra las que habla García Linera, refuerzan las mentiras del gobernante. Mentiras que, sensiblemente, son tomadas por ciertos públicos como información verdadera, comunicación para nuestros pueblos, opiniones responsables e interpretaciones éticas. No obstante, confrontadas con la realidad, son mentiras las que divulgan (sobre el TIPNIS) el Presidente, el Vicepresidente, ministros, funcionarios de menor rango y los voceros oficiosos, los llunk’us desvergonzados.

Cualquiera investigación, periodística o de otro tipo, que reconozca el conocimiento existente sobre el TIPNIS y que descubra un nuevo conocimiento sobre éste (por ejemplo respecto de la investigación científica que habrían hecho algunos que fungían como turistas) acabaría por sepultar las mentiras de los gobernantes y de los repetidores y facilitadores de las falsedades que sí son construcciones de una realidad inexistente.

Y si el Vicepresidente tuviera otra trama esperáramos de él una autocrítica con la que recojería sus mentiras, a las que considera certezas. Por ello, apelamos a la práctica para que se encargue de restaurar la verdad sobre el TIPNIS y sus defensores. Y es lo que ya ocurre porque las mentiras jamás duran cien años.
* Periodista editor del semanario Aquí, http://www.semanarioaqui.com

Desde la AMIA criticaron a Evo Morales mientras Cristina Kirchner visita Bolivia

El titular de la AMIA, Guillermo Borger, mientras la presidenta Cristina Kirchner está de misión oficial en Bolivia, reiteró sus críticas a Evo Morales, durante el acto por el 18 aniversario del atentado a la entidad judía, por haber recibido al ministro de Seguridad de Irán Ahmad Vahidi.

Borger, único orador de la ceremonia, durante su discurso consideró que "sin la estrecha y real colaboración de Interpol con la justicia argentina y la justicia internacional, los imputados seguirán burlándose de nosotros y las victimas, como lo hizo hace poco tiempo el ministro de Seguridad de Irán (Ahmad Vahidi), uno de los principales requeridos y sospechados, siendo recibido con honores oficialmente en territorio boliviano".

Multinacional india se va de Bolivia y anticipa demanda

La multinacional india Jindal Steel canceló un millonario contrato en Bolivia para explotar hierro, advirtió con iniciar procesos legales al gobierno boliviano y puso en jaque el plan de industrialización del sector.

Tras fracasar la última negociación con las autoridades, la compañía anunció el miércoles en un comunicado de prensa su salida del país. Acusó al gobierno de frustrar "sus esfuerzos para resolver los problemas y llevar adelante el proyecto" y lamentó que sus ejecutivos hayan sido "maltratados", "perseguidos" y tratados como "delincuentes".

Desde su matriz en Nueva Delhi, Jindal Steel anticipó que interpondrá una demanda por daños y perjuicios.

Muere dirigente indígena que quedó cuadripléjico en accidente en Yungas

El corregidor de la comunidad Nueva Vida del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), Aldo Moreno Antezana, que quedó hace un mes cuadripléjico tras un accidente de tránsito en los Yungas de La Paz donde murieron dos originarios de la IX marcha, falleció esta madrugada informó la presidenta la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEM-B), Bertha Bejarano.

“Ha fallecido esta madrugada nuestro hermano del TIPNIS, estaba muy mal, estaba cuadripléjico. Su familia se lo quería llevar a su casa, pero se murió”, declaró Bejarano a la Agencia de Noticias Indígenas de Erbol.

El presidente de la Subcentral Sécure, Emilio Noza, señaló que el cuerpo sin vida de Moreno será llevado al coliseo de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), para luego trasladarlo a Santa Cruz, desde ahí partirán a Trinidad para dirigirse al TIPNIS.

El médico que atendió a Aldo Moreno, Gonzalo Poma, indicó que el indígena se encontraba en los últimos días de su vida deprimido porque era consciente de su situación y recibía oxigeno mediante una máquina. Un paro cardíaco fue la causa de su deceso.  

“Aldo tuvo una lesión en la medula espinal en el cuello, cuando ha tenido el accidente, esa lesión le ha cortado la médula espinal por eso no puede mover el cuerpo”, declaró.

Datos

Aldo Moreno tenía 34 años de edad y era padre de una hija (17), fue parte de la IX marcha. Durante la movilización pidió al presidente Evo Morales que respete a los indígenas de la caminata y que deje de desacreditarlos.

“Somos el pueblo los que estamos aquí. Somos nosotros la autoridad los que estamos marchando, no es no más como dice el gobierno que son dos, tres corregidores (…) ellos también tienen que respetarnos, como pueblos nos merecemos respeto”, manifestó a Erbol.

Cuestionó al Primer Mandatario por su insistencia en construir la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos en medio del TIPNIS y por ingresar a esa región, que se encuentra entre los departamentos de Beni y Cochabamba, para dividir a los indígenas.
Erbol

Juez condena a cuatro años de reclusión al hermano de Mario Cossío

El Juez Primero de Instrucción Cautelar en lo Penal de Tarija, Walter Chumacero, sentenció a cuatro años de reclusión a Pablo Fabián Cossío Cortez, hermano del suspendido gobernador Mario Cossío, por los  delitos de enriquecimiento Ilícito de particulares con afectación al Estado, asociación delictuosa e incumplimiento de contrato,  en grado de complicidad, pena que deberá cumplir en el Penal de Morros Blancos.

Asimismo, con el objeto de reparar daño ocasionado al Estado y de conformidad a la renuncia a sus bienes realizada por Cossío, el Juez dispuso la confiscación de los bienes de la Empresa COMAS, incautados en el año 2011 y de un bien inmueble situado en la ciudad de Sucre.

Cossío fue imputado el 21 de octubre de 2010 luego de identificarse indicios de varias irregularidades en la suscripción del contrato para la construcción de la Piscina Olímpica del Departamento de Tarija, así también  en la entrega del anticipo otorgado por la entonces Prefectura de Tarija a la Asociación Accidental ECOTAR Y ASOCIADOS, correspondiente a Bs9.236.166,52.

El Ministerio Publico demostró en audiencia mediante declaraciones y prueba documental, que Pablo Cossío, conjuntamente con uno de los coimputados, recibió –del anticipo antes referido- la suma de aproximadamente $us510.000.

Pablo Cossío,  en audiencia, reconoció y aceptó su participación en la comisión de los delitos por los cuales se lo sentenció. (Información del Ministerio de Transparencia)
Erbol

Es necesario investigar toda la gestión de Carlos Villegas al frente de YPFB

Gustavo Rodríguez Cáceres *

Acaba de salir a la luz un nuevo hecho de corrupción en YPFB Corporación. Los primeros indicios dan a entender que las empresas que se adjudicaron la construcción de las plantas de separación de líquidos en Río Grande y el Chaco, corrompieron y sobornaron a los responsables del proceso de contratación, o fueron extorsionadas y se vieron obligadas a pagar una “comisión” a dichos responsables con el fin de adjudicarse los contratos de construcción.

Los indicios también permiten conjeturar que las personas implicadas no son las únicas que tramaron y/o participaron en esta corruptela, por el contrario, para que la misma se haya efectivizado con seguridad se requirió del concurso de más personeros de YPFB, posiblemente del nivel superior a los actualmente implicados.

El grado de inmundicia se evidencia cuando se comprueba que los que fueran altos ejecutivos de YPFB Corporación respetan fielmente los códigos del hampa, no otra cosa significa que Gerson Richard Rojas Terán, ex Gerente Nacional de Plantas Separadoras de Líquidos y principal involucrado hasta ahora, se acoja al derecho de guardar silencio; al igual que Enrique Aruquipa, Director Nacional Administrativo de YPFB, que no está imputado aún, pero prefiere callar.

La inmundicia también se hace patente cuando se ve que, al mejor estilo de las mafias, se amenaza de muerte a Agustín Javier Ugarte Méndez y su familia, quien fuera miembro de la Comisión Calificadora para adjudicar los contratos y, al parecer, el único de los implicados dispuesto a confesar.

Si enmarcamos este hecho de corrupción en la gestión global de YPFB Corporación y las principales decisiones asumidas por sus ejecutivos, surgen algunas interrogantes que me permito compartir con usted amiga lectora y amigo lector.

El pasado mes de mayo, en un artículo publicado en este mismo medio de comunicación, hacía notar que el Decreto Supremo 1202 que otorga un incentivo de 30 dólares a cada barril de petróleo producido en el país, adolecía de al menos dos errores: El primero, que se otorga el “incentivo” al petróleo que actualmente se produce sin necesidad de pago extra, y no, como se hace en la Argentina, a la producción efectivamente nueva; error que va a significar un gasto estatal de más de 50 millones de dólares por año, que irán a parar a las arcas de las empresas petroleras, sin que éstas hayan aumentado un solo barril a su actual producción de petróleo en el país.

El segundo, que en dicho decreto se reconocía como petróleo al hidrocarburo líquido que tiene hasta 55° API de densidad, cuando internacionalmente se reconoce como petróleo sólo a los líquidos que están por debajo de los 50° API; al mismo tiempo cuestionaba por qué no se otorgó el incentivo sólo al petróleo de mejor calidad, es decir, al que está por debajo de los 42° API.

En ese artículo también decía: “me resisto a creer que los desaciertos enumerados sean circunstanciales o puedan ser atribuidos a la supuesta incompetencia de los actuales ejecutivos de YPFB Corporación, lo acontecido no tiene nada que ver con fatales casualidades o falta de capacidades, por el contrario, es una decisión consciente, “estudiada”, que señala otro de los elementos de la completa abdicación de la ya tímida nacionalización de hidrocarburos ante el capital transnacional”.

Pero ahora, a la luz del nuevo caso de corrupción y la forma de actuar de los implicados, me pregunto si para esa abdicación no habrá mediado alguna “comisión”. En abril de 2011 una vez que se confirmó la reducción de las reservas de gas y Carlos Villegas había atribuido el hecho, entre otros factores, a la manipulación financiera que efectuaron las empresas, sostenía que “La novedad de toda esta situación no está en confirmar, una vez más, que los datos en el sector petrolero transnacional son manipulados… Tampoco es novedoso que el sujeto pasivo de esta manipulación, la víctima, sea un Estado como el boliviano, no, la novedad está en que la víctima y las autoridades llamada a defenderla no asuman ninguna medida legal, ni económica a fin de resarcir los daños que la inflación de reservas y la manipulación financiera ha ocasionado”.

Y luego acotaba: “Pienso que el Estado boliviano no está exento de instrumentos que le permitan esclarecer lo sucedido, identificar claramente a los responsables y establecer responsabilidades; mas lo que le está faltando es la decisión política para hacerlo.”

Ahora, visto que no hay ninguna investigación ni responsable del dolo cometido contra el Estado, me pregunto si esa falta de decisión política fue gratuita. La ministra Amanda Dávila, en un claro respaldo a Carlos Villegas y su gestión al frente de YPFB Corporación, ha dicho que “el presidente de YPFB es una persona absolutamente honesta que tiene toda la confianza del Presidente Evo Morales”. Personalmente no tengo ninguna evidencia para cuestionar la honestidad de Carlos Villegas y tampoco la del personal ejecutivo que lo acompaña; pero, que esta corruptela ocurriera, como popularmente se dice, “debajo de sus narices” me da base para dudar, al menos, de su idoneidad para la gestión y el control administrativo que ejecutan en YPFB.

Por este motivo y a pesar de las certezas de la ministra Dávila, creo que es necesario investigar, revisar y auditar toda la gestión de Carlos Villegas. Aunque no sería nada extraño encontrar más grupos criminales medrando de la institución sin que su presidente sospeche siquiera de la existencia de los mismos, no es mi intención criminalizar a los actuales gestores de YPFB, por el contrario, pienso que la relevancia de una investigación a profundidad y de amplio alcance sentaría las bases para que sean los mecanismos de gestión y control, y no la voluntad de las personas, los que garanticen la construcción de una empresa estatal del petróleo realmente honesta y transparente.
* Economista boliviano

YPFB analiza 5 propuestas para la construcción de la planta de urea en Chapare

Al menos cinco empresas extranjeras presentaron propuestas para la construcción de la planta de urea y amoniaco en el Chapare cochabambino, un megaproyecto que demandará una inversión de 1.121 millones de dólares. El gobierno prevé iniciar este año la construcción de esa planta y también de una procesadora de GTL en la provincia Carrasco de Cochabamba.

La planta industrial de fertilizantes a ser instalada en la localidad de Bulo Bulo tendrá una capacidad de producción de 635 mil toneladas de urea, según el estudio de factibilidad realizado por la Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos (EBIH).

La planta de Amoniaco – Urea de Bulo Bulo permitirá incrementar la producción agrícola y recuperar las tierras erosionadas por la sobreexplotación, y además coadyuvará en la política de la seguridad alimentaria, destacó el viceministro de Industrialización, Comercialización, Transporte y Almacenaje de Hidrocarburos Álvaro Arnez.

Según Arnez, el país consume cada año no más de 30 mil toneladas, por lo que se podrán exportar los excedentes a Brasil, Paraguay y Argentina. La urea es un fertilizante derivado del gas natural que provee nitrógeno al suelo y es vital en la formación de proteínas. También es un suplemento alimenticio para ganado y es una materia prima requerida en la industria química y de los plásticos.

La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) lanzó en diciembre de 2011 la convocatoria pública de contratación de una empresa especializada en petroquímica para el diseño, la construcción, operación y mantenimiento de la planta de Bulo Bulo. Manifestaron su interés en el proyecto petroquímico las firmas Ferrostaal, Saipem, KBR, Tecnimont, Technip y UDE, informó el ex gerente nacional de Plantas de Separación de Líquidos Gerson Rojas.

Hace poco autoridades del Ministerio de Hidrocarburos y Energía se reunieron con ejecutivos de la firma alemana Ferrostaal que presentó un esquema de negocios “Llave en Mano” hace más de seis meses. Desde 1988, Ferrostaal cumple un rol importante en el desarrollo de la industria petroquímica en el Caribe con las plantas de Trinidad y Oman, y se convirtió en el segundo productor mundial de metanol con una producción aproximada de 5,1 millones de toneladas métricas anuales.

“Este grupo está conformado por las constructoras Ferrostaal y GDK, la licenciante de tecnología Uhde, la comercializadora del producto Ameropa, y el Banco KFW”, detalló la gerente de la EBIH Gloria Ayala. El grupo alemán propone un esquema de negocios Llave en Mano, con el compromiso de poner en operación la planta de urea en un plazo de 36 meses, y está dispuesta a financiar el 60% del costo del proyecto con recursos del Banco alemán KFW.

Según Ardaya, “Ameropa ofrece la compra del producto por 10 años mediante un contrato Take or Pay, lo que significa que si no lo compra lo paga y regido bajo el sistema de Open Book (‘Libro Abierto’); esto quiere decir que la EBIH va a conocer todo el proceso, y al final de los 10 años la EBIH tendrá la suficiente experiencia para encarar el proceso de comercialización”.

La EBIH suscribió una Acta de Intención con el Grupo Alemán, y paralelamente negocia con un Grupo Japonés de reconocida trayectoria mundial en la implementación de plantas petroquímicas, integrado por TOYO Engineering (Licenciante y constructor), Marubeni (Financiadora) y OAS de Brasil (Constructor). Otro grupo interesado en el proyecto es Shinomach de China que también oferta la construcción de la planta en el sistema “Llave en Mano” y “Libro Abierto”.

El viceministro Arnez dijo que la estatal YPFB preseleccionará a tres empresas y a fines de agosto firmará el contrato con la empresa ganadora. “De ahí se establecería un cronograma para el inicio de construcción de la planta y prevemos que su implementación sería para el segundo semestre del 2015”.
Bolpress

¿Qué hacía el ex gerente de YPFB Gerson Rojas comprando terrenos para la planta de urea en Chapare?

Rolando Carvajal

El día que el ex gerente nacional de Plantas Separadoras de YPFB Gerson Rojas chocó una vagoneta oficial en el km. 94 del tramo Chimoré-Yapacaní, gestionaba la compra, a unos sindicatos cocaleros, de un terreno para la planta de amoniaco y úrea que la petrolera estatal instalará en Bulo Bulo, según sus declaraciones iniciales, antes de que las autoridades blindaran de hermetismo las investigaciones. Dos días antes el Presidente Morales llamó la atención en Chimoré sobre el alza del precio de la hectárea de tierra y la necesidad de 400 hectáreas para instalar la planta.

“Siento que están exagerando al hacer subir a 3.500 o 4.500 dólares (por hectárea). No sé si ha subido tanto o tal vez algunos quieran aprovecharse frente a este tema”, decía el Presidente Evo Morales el 15 de junio en Chimoré, ante la especulación de preciosque afecta a la instalación de una planta de Urea en la región, por parte de la estatal YPFB.

Dos días después, el domingo 17, y más al este, cerca de Ichilo, el ingeniero Gerson Richard Rojas, todavía Gerente de Plantas de Separación de Líquidos-YPFB, chocaba una vagoneta oficial contra dos camiones y una camioneta, desatando la madeja de un escándalo que derivó en su posterior detención y la de su presunto cómplice, Javier Ugarte, miembro de la comisión calificadora del proyecto.

En medio de las pesquisas, al Gerente se le descubrió el alquiler de cajas de seguridad en el Banco Mercantil Santa Cruz de Cochabamba, y el manejo de hasta 390 mil dólares, que originaron un proceso contra ambos por enriquecimiento ilícito. Tras ser detenido luego que se dio a la fuga por el accidente, Rojas afirmó que la vagoneta estaba en función oficial pues gestionaba la compra de un terreno, tarea coordinada con el presidente de YPFB Carlos Villegas.

“Ese día estaba en una comisión de Bulo Bulo, sobre la compra del terreno para poner tubos para la planta de amoniaco y urea (...) Mi persona coordina toda compra de terrenos directamente con el Lic. Villegas y él mismo con el Presidente de la Nación”, dijo. “El anterior sábado, en una comisión similar se realizó un acta de compromiso con un lugareño sobre la compra de 90 hectáreas a una federación de sindicatos cocaleros, en ese mismo entendido fue esta comisión”, agregó Rojas.

“Lamentablemente algunos hermanos están haciendo subir el precio del terreno, me dicen que está costando hasta 4.500 dólares la hectárea, necesitamos como 400 hectáreas para este proyecto”, había dicho Evo Morales en Chimoré el viernes 15 de junio, luego de inaugurar la ampliación de la subestación de energía eléctrica local. “Asuman su responsabilidad para garantizar las 400 hectáreas para la industria de urea, he explicado la importancia y es responsabilidad del Alcalde y dirigentes sindicales conseguir este terreno”, agregó.

En otra parte de sus declaraciones, el ingeniero Rojas enfatizó que desde que inició sus funciones tuvo trato directo con Villegas, incluso por encima del vicepresidente nacional de Operaciones Mario Salazar. La declaración está firmada por Gerson Richard Rojas Terán, el abogado Líder Guzmán Cabrera, el sumariante Sgto. Gustavo Osinaga y el fiscal de Materia Jaime David Canedo Encinas, según la versión de El Deber.

Líquidos antes, urea y amoniaco después

El escándalo, con implicaciones de corrupción, recordó el caso “Catler” dehace tres años, cuando en enero de 2009 delincuentes asesinaron al presunto empresario sobornador Jorge O’Conor Darlach en una calle de La Paz para robarle 435 mil dólares con los que iba a pagar favores de distintos funcionarios, entre ellos elentonces presidente de YPFB Santos Ramírez, condenado por ello a 12 años de cárcel.

El proyecto de las plantas separadoras de líquidos en Río Grande, Santa Cruz y Gran Chaco, Tarija, roza una inversión de600 millones de dólares paraseparar los líquidos del gas que Bolivia exporta a Brasil y Argentina.

También YPFB informó a principios de julio que cinco empresas estaban interesadas en instalar las plantas de urea y amoniaco en el municipio de Entre Ríos, provincia Carrasco de Cochabamba, en otra inversión estimada en 1.000 millones de dólares: el grupo coreano Hyundai y Samsung, la española Duro Felguera, los consorcios ítalo-argentino Saipen/AESA y el ítalo-español Técnicas Reunidas /Technip.

De acuerdo a cronograma, entre el 9 de julio y el 3 de agosto debía realizarse la calificación de las propuestas para su adjudicación el 21 de agosto y firma de contratos en septiembre. La estrategia de producción del complejo de industrialización del gas natural en Bulo Bulo tiene por objetivo producir fertilizantes nitrogenados no solo para atender la demanda total del mercado interno y sino exportar los excedentes a mercados externos de gran demanda, razón por la que se pretende producir aproximadamente 650 mil toneladas anuales de urea a partir del año 2014, reportó a fines del año pasado la agencia AN-YPFB.

“La Planta de Amoniaco Urea va a funcionar en la región de Bulo Bulo, y su producción cubrirá la demanda inicial del 20% mercado interno, demanda creciente y el 80% a la exportación y contribuirá a elevar la productividad del sector agrícola en Bolivia y generara divisas importantes para el país”, mencionó el entonces gerente Gerson Rojas al afirmar que este proyecto es intensivo en mano de obra.

Por su parte, el presidente ejecutivo de YPFB estimaba firmar el contrato para que se construya la planta en abril de 2012, “de tal manera que ésta sea entregada a fines de 2014, oen los primeros meses de 2015”.

Indígenas vuelven a la Amazonía sin ver a Morales y con las manos vacías

Cientos de indígenas bolivianos que llegaron a La Paz hace quince días, tras dos meses de caminata, retornaron hoy a la Amazonía sin lograr ver al presidente, Evo Morales, y con las manos vacías porque no lograron frenar la carretera que impulsa el mandatario en el parque natural Tipnis.

Los nativos, entre los que había decenas de niños, levantaron el campamento que montaron a las puertas de la Vicepresidencia, a una manzana de la Presidencia, a la que varias veces intentaron acercarse pero fueron reprimidos por la Policía.

El principal dirigente del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), Fernando Vargas, declaró a Efe que vuelven a sus comunidades con “la frente en alto” porque la marcha, la segunda en menos de un año, los unió y sensibilizó al país sobre el daño que sufrirá la reserva si se construya la vía.

“El Gobierno ha demostrado que no tiene la mínima capacidad de cumplir lo que dice en el contexto internacional: que es defensor de la Madre Tierra, de los derechos de los indígenas, cuando en su propio territorio está a punto de destruir un parque”, sostuvo.

Criticó que Morales no los haya recibido tras el sacrificio que supuso la caminata desde la Amazonía y le acusó de preocuparse solo de los productores de hoja de coca, materia prima de la cocaína.

El Gobierno dijo que quería dialogar con los indígenas, pero no aceptaba hacerlo con sus dirigentes y exigía otros portavoces.

También firmó acuerdos con varios sectores progubernamentales para validar su proyecto de carretera y logró que decenas de indígenas abandonasen la protesta en La Paz.

Los indígenas señalaron que como el Gobierno no les dejó pasar a la Plaza Murillo, donde está la Presidencia, ni Morales los recibió, ellos también impedirán el trabajo de los funcionarios que quieren hacer una consulta en el Tipnis sobre la carretera.

“Lo que pase en el Tipnis es responsabilidad de Morales”, dijo Vargas, quien agregó que serán las comunidades las que definan cómo resistir las acciones del Gobierno.

El Tipnis es un territorio colectivo indígena de 1,2 millones de hectáreas en el que viven 14.000 nativos de tres etnias, en medio de una extraordinario hábitat natural.

El alcalde de La Paz, el centroizquierdista Luis Revilla, salió de su oficina para despedir a los indígenas y dijo que es un error de Morales creer que el conflicto acaba con la partida de los nativos.
EFE

Manifiesto final de la IX Marcha: Evo burla la consulta para profundizar el modelo extractivista en Bolivia

La IX Marcha Indígena propone conformar un Consejo Nacional de Defensa del TIPNIS y convoca a todo el pueblo boliviano a unificar esfuerzos para nutrir y plantear una iniciativa Legislativa Popular para dejar sin efecto la Ley N. 222 y otras normas que violentan los derechos individuales y colectivos y las demandas históricas de los pueblos indígenas.

Bolivia toda: El problema radica en que el gobierno de Evo Morales, desde el año 2006, cuando ingresa al poder y con el apoyo de indígenas y no indígenas, se ha empeñado empecinadamente en construir una carretera por medio del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), esto con el fin de favorecer a las transnacionales y al sector cocalero y campesino, quienes han recibido el compromiso político de este gobierno de tener tierras dentro del TIPNIS, bajo un proyecto de eliminación de los territorios indígenas, y contribuyendo a su modo de devastación de las culturas milenarias del Estado; aspectos que además de ampliar la frontera agrícola, la contaminación socioambiental, el aprovechamiento indiscriminado de los recursos naturales, van a profundizar en un corto plazo el modelo de desarrollo extractivista y capitalista en Bolivia.

Por esta razón, todas las organizaciones indígenas originarias que conformamos la IX Marcha consideramos a esta mala política y la decisión del gobierno nacional de realizar una consulta ilegal y fraudulenta en el TIPNIS, como una verdadera amenaza a la democracia boliviana, a nuestro patrimonio natural y cultural, y una vulneración a los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios.

A estas alturas ya no esperamos que el gobierno recapacite, cumpla la Constitución Política del Estado que tanto esfuerzo nos ha costado a todos los bolivianos y bolivianas, pero sobre todo a las naciones y pueblos indígenas originarios, y pueda enmendar dicho error en beneficio de las comunidades y pueblos indígenas que habitan el TIPNIS, quienes serán afectados directamente, como así también los demás territorios indígenas originarios, cuando tengan que exigir su derecho a la consulta previa, y ahí será que el gobierno entregue gato por liebre, desarrollando consultas como mejor le plazca: organizando los procesos unilateralmente, dividiendo comunidades y las propias organizaciones, enfrentando a familiares y entre comunarios, eligiendo arbitrariamente los temas sujetos a la consulta y, finalmente, decidiendo quiénes harán la consulta y quiénes serán los sujetos de ella, con el objetivo de aprobar y viabilizar las medidas, proyectos, actividades y obras de gran escala, envergadura y extractivos en todos los territorios indígenas originarios, para beneficio de las transnacionales y los grupos que ahora detentan el poder político: campesinos, cocaleros, empresarios y liberales –algunos camuflados en las viejas izquierdas y como indigenistas–, logados al narcotráfico, a la acumulación del capital estatal y a la estrategia de desplazamiento y eliminación de las naciones y pueblos indígenas originarios.

Por eso y mucho más, lo que representamos como justo en nuestra Plataforma de Demandas, ha sido la causa y el motivo para que marchemos por más de 60 días, enfrentando al sol, al frío, las enfermedades y otras adversidades, sacrificando nuevamente, como fuera el año pasado con la VIII marcha, vidas humanas de mujeres, ancianos, jóvenes y niños, acumulando nuevos mártires caídos en la lucha de los pueblos indígenas.

Es así que la Columna de la IX Marcha Indígena Originaria, movilización que agrupa a las 36 naciones y pueblos indígenas originarios de los 9 departamentos y el país en su conjunto, otorga los siguientes Puntos que se constituyen en el Mandato que se entrega al pueblo boliviano:

a) Continuar la articulación que se ha iniciado con los sectores sociales del país: activistas, urbanos, universitarios, profesionales, gremialistas, trabajadores y ciudadanas y ciudadanos en general que se han comprometido con la defensa del TIPNIS.

b) Persistir sin claudicar en la lucha contra las transnacionales, la corrupción, el narcotráfico y el reposicionamiento de clases dominantes de poder represoras y totalitarias.

c) Recuperar los canales de la democracia boliviana para restablecer un orden político y con inclusión de las naciones y pueblos indígenas originarios.

d) Conformar un Consejo Nacional de Defensa del TIPNIS, “Por la Defensa de la Vida, Dignidad, los Territorios Indígenas, los Recursos Naturales, la Biodiversidad, el Medio Ambiente, las Áreas Protegidas, el cumplimiento de la Constitución Política del Estado y Respeto a la Democracia”, en el cual estemos aglutinados todos los sectores sociales, mismo que debe sobrepasar las fronteras para fundar un Movimiento Latinoamericano y de todo de Mundo para continuar la lucha por nuestras justas demandas en defensa del medio ambiente y la biodiversidad.

e) Luchar y sancionar a quienes pretenden enriquecerse aprovechando nuestra biodiversidad, el medio ambiente y los recursos naturales a costillas de los pueblos indígenas y del pueblo boliviano.

f) Lograr la justicia anhelada después de los hechos y acciones de Chaparina, del 25 de septiembre de 2011, donde el gobierno ha masacrado a los pueblos indígenas originarios.

g) Persistir con la utilización de los medios y mecanismos necesarios para identificar a los agresores del movimiento indígena originario, quienes nos han maltratado, humillado, vejado y criminalizado con patrañas y poca moral, camuflando a un gobierno y sus personas que hacen lo que justamente acusan.

h) Pedimos que no bajen los brazos y nos ayuden logísticamente en nuestra batalla a emprender en nuestros territorios, nuestra Casa Grande que está siendo invadida por militares, funcionarios y políticos del MAS, quienes quieren chupar a toda costa la sangre de nuestra Madre Tierra.

i) Determinamos la continuidad de vigilias en los departamentos en solidaridad y apoyo a las demandas de la IX marcha Indígena Originaria, para continuar articulando a los sectores sociales y hacer las veces de voceros oficiales del movimiento indígena originario.

j) Pedimos que continúen las campañas de solidaridad y apoyo para volver a nuestros territorios, a nuestras casas y al seno de nuestras familias.

k) No se olviden de nuestro hermano Aldo Moreno, Corregidor de la Comunidad Nueva Vida del TIPNIS, quien debe pelear aún por su vida y cancelar los costos de su recuperación, hecho que sólo podrá ser posible con su solidaridad.

l) Entregamos el poder amplio y necesario al pueblo paceño valeroso y valiente para que inicie y de seguimiento a nuestra Acción Popular para la defensa de nuestros derechos individuales y colectivos.

m) Invitamos a todos Uds. a unificar esfuerzos para nutrir y plantear una iniciativa Legislativa Popular para dejar sin efecto la Ley N. 222 y otras normas que violentan nuestros derechos y demandas históricas.

n) Que no nos dejen de acompañar las instituciones de la Defensoría del Pueblo, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, la Iglesia Católica y otras que inclaudicablemente lucharon y continuarán luchando junto a nosotros.

o) En especial, que el pueblo valeroso de El Alto, cuna de mártires y tumba de villanos, siempre de pie y nunca de rodillas ante las injusticias, siga asumiendo entre sus reivindicaciones la lucha del TIPNIS y la defensa de los territorios indígenas originarios.

p) Festejar la conmemoración de la fundación de La Paz, para este 16 de julio, en nuestro nombre también, pues recordaremos de aquí en adelante esta fecha tan importante como parte de las reivindicaciones del pueblo boliviano, de aquí en adelante en defensa de los pueblos indígenas y sus territorios, poniendo en alto la Flor del Patujú, como símbolo y emblema de los pueblos indígenas de tierras bajas y de todo el pueblo boliviano.

En estas circunstancias, en las que hemos sido agredidos, gasificados, reprimidos y atentados en nuestra integridad física y moral, lucha que venimos realizando sin encontrar las respuestas que buscamos y sin lograr los cambios para refundar el Estado como Plurinacional, hecho que se marcó en un cabildo similar, al 17 de octubre de 2003, cuando se expulsó a Gonzalo Sánchez de Lozada; ahora nos trasladamos para continuar la lucha y exigiendo nuestros derechos, no sin antes agradecer de manera amplia a todo el pueblo paceño, las y los bolivianos que nos han acompañado en estas dos marchas y travesías, quienes nos acogieron con solidaridad, llanto, dolor, tristeza, sentimiento y apoyo en todo momento, pidiéndoles disculpas por causar en esta amable y digna ciudad disturbios, así como la obstaculización peatonal y vehicular en las calles del centro de la ciudad.

Todo esto no haya sido posible, hermanas y hermanos bolivianos, sin el apoyo incondicional de todos Uds. Gracias eternamente y que el Señor los bendiga siempre… y la lucha continúan en nuestros territorios y en todo el país…
“Hermanas y hermanos, la razón y la verdad está en el pueblo boliviano y no en el gobierno de Evo Morales” IBS.

Ciudad de La Paz, 10 de julio de 2012

Preparan segunda demanda internacional contra el gobierno boliviano

El MSM prepara dos nuevas acciones legales para defender los derechos de los pueblos indígenas del TIPNIS avasallados por el gobierno de Evo Morales. En vista de que la sentencia del TCP sobre la Ley 222 no resolvió la controversia, el partido opositor presentará un amparo constitucional en el país y una demanda internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),que se sumará a la denuncia formal presentada el 8 de febrero por la Brigada Parlamentaria Indígena y el Fobomade.

Los diputados del Movimiento sin Miedo (MSM) Marcela Revollo y Fabián Yaksic presentaron el 27 de febrero de 2012 ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) una acción de inconstitucionalidad de la Ley 222 de Consulta. El 18 de junio la instancia judicial emitió la Sentencia 300 que declara la “constitucionalidad condicionada” de la Ley 222, obligando al gobierno a consensuar los términos de la consulta a los pueblos Yuracaré, T’simane y Mojeño del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).

El 21 de junio Revollo y Yaksic presentaron un recurso de aclaración, complementación y enmienda del fallo del TCP para que se aclaren las contradicciones referentes a la declaratoria de constitucionalidad de las leyes 180 y 122, pese a que ambas se contradicen. (Ver más abajo)

La abogada del MSM Aida Camacho explicó que el fallo del TCP es absolutamente contradictorio porque por un lado señala que la intangibilidad del TIPNIS es constitucional, y por otro propicia la concertación para una nueva revisión de la referida intangibilidad . “El fallo le abrió una vulnerabilidad muy grande a la Constitución Política del Estado porque declara constitucional a la Ley 180 que dice que el TIPNIS es un territorio de preservación ecológica y de intangibilidad, y sin embargo con la declaratoria de constitucionalidad condicionada de la Ley 222, propicia que se revise la calidad de intangibilidad del TIPNIS”.

La abogada del MSM se refirió específicamente al artículo tercero de la Ley 180 que establece que la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos no atravesará el Parque Nacional Isiboro Sécure, pero contradictoriamente la Ley 222 contempla la consulta para saber si la carretera pasará o no por el TIPNIS. “Si la 180 es declarada constitucional entonces no puede haber ninguna tuición de concertación de que si se hace o no la carretera. La Ley 222 lo único que hace es poner la cláusula de concertación con los indígenas el objeto de la consulta, cuando el objeto de la consulta ya está resuelto en la Ley 180... Es abiertamente contradictoria una ley con la otra, pero ambas son declaradas constitucionales”, cuestionó.

En criterio de Yaksic, la sentencia del TCP tiene características “retóricas y exhortativas”, y es “timorata, insuficiente y contradictoria”, ya que condiciona la aplicación de la Ley 222 a la concertación con los pueblos del TIPNIS, un hecho que nunca ocurrió. “La contradicción principal que encontramos es que siendo que la propia Ley 222 no tuvo ninguna concertación con los pueblos del TIPNIS, estaría tácitamente declarada inconstitucional porque el condicionante que plantea el Tribunal Constitucional ya fue incumplido con la elaboración y promulgación de la Ley 222”, aseguró el diputado.

Aida Camacho explicó que para ejecutar la consulta lo primero que debió hacer el gobierno es consensuar con los pueblos indígenas cuál era el objeto de la consulta, y cuáles serían las preguntas, es decir el protocolo. Sin embargo, “ninguno de estos elementos fueron consultados, por tanto el segundo paso que es la consulta previa ya resulta ser inconstitucional”.

Por otro lado, Camacho cuestionó que la Ley 222 engargue la realización de la consulta al Órgano Ejecutivo, y que el fallo del TCP valide esa transgresión sabiendo que el Órgano Electoral es el responsable de esa tarea. Según la abogada el Órgano Electoral debe llevar adelante el proceso de consulta y no el Órgano Ejecutivo, como exhorta el fallo, puesto que éste se convertiría en juez y parte. “Tenemos una injerencia directa y fuimos testigos de que el Órgano Ejecutivo para imponer la consulta ha realizado una serie de actos prebendales para tratar de dividir al movimiento indígena”, argumentó.

La abogada del MSM consideró que al TCP le faltó “personalidad, fuerza y autoridad” para declarar la inconstitucional de la Ley 222 en todos sus artículos, y su sentencia N. 300 no está a la altura de las exigencias de los movimientos sociales ni de los indígenas y “lo único que hace es privilegiar la Ley 222 por sobre la Constitución Política del Estado, el Convenio de la OIT y la Declaración de los Derechos de los Indígenas de las Naciones Unidas”.

El MSM prepara dos nuevas acciones legales

Las autoridades del Poder Ejecutivo hacen “interpretaciones unilaterales y antojadizas de la sentencia, sabiendo y conociendo, por versiones del magistrado Gualberto Cusi, que ésta ha sido emitida de manera dolosa, ya que habiendo sido designado relator el magistrado Cusi, le han quitado de las manos el expediente para sea el propio presidente (del Tribunal) quien emita la sentencia”, recordó Aida Camacho,

Habiéndose agotado los recursos internos con la sentencia constitucional del TCP, la cual no responde a las exigencias establecidas en la norma, “los hermanos indígenas y el MSM tienen la vía expedita para iniciar acciones internacionales y eso es lo que precisamente vamos a hacer”, anunció la abogada y reveló que el MSM planteará un amparo constitucional en el país y recurrirá a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.

Camacho aseguró que la sentencia 300 “da las garantías a los miembros del TIPNIS para que éstos realicen acciones constitucionales para validar sus derechos; eso quiere decir que tienen toda la posibilidad de iniciar un amparo constitucional frente a la nueva arremetida del gobierno”, que sigue montando y organizando la post consulta sin cumplir las exigencias de la sentencia constitucional.

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Wilfredo Ovando confirmó que el órgano electoral ya recibió el Protocolo negociado con organizaciones indígenas progubernamentales, y sobre esa base planifica la Consulta a los Pueblos del TIPNIS que el Ejecutivo pretende aplicar desde el 29 de julio a través de los ministerios de Obras Públicas y de Agua y Medio Ambiente, en cumplimiento de los plazos establecidos por la Ley 222.

Ovando reveló que el TSE trabaja en el Reglamento para el proceso de acompañamiento y observación de la post consulta impuesta por el gobierno para viabilizar la construcción del tramo II de la carretera entre Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. Refirió que el Protocolo oficialista señala que “la toma de decisiones será dentro del marco del respeto de las normas y procedimientos que tienen los pueblos indígenas; se habla de asambleas y reuniones con la participación de todos los comunarios y bajo la dirección de su propia autoridad natural”.

Aida Camacho reiteró que todo lo anterior demuestra que “nuevamente estamos frente al manoseo de la justicia y ante una situación en la que los bolivianos no vamos a tener ninguna esperanza al acudir ante los órganos de gobierno”, específicamente ante los Órganos Judicial y Electoral porque están supeditados a las directrices del Órgano Ejecutivo.

El MSM presentará en los próximos días la denuncia ante instancias internacionales y también solicitará medidas cautelares para que la post consulta sea suspendida hasta que el gobierno cumpla la condicionalidad establecida en la sentencia N. 300 del TCP.
La demanda del MSM se sumará a la denuncia formal que presentaron el 8 de febrero la Brigada Parlamentaria Indígena, comunidades originarias y el Foro Boliviano Sobre Medioambiente contra del Estado Plurinacional de Bolivia por violaciones a los derechos humanos, atentados a la propiedad colectiva indígena y etnocidio de los pueblos Yuracaré, T’simane y Mojeño del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).

La referida denuncia internacional demuestra “el incumplimiento por parte del Estado boliviano de los convenios internacionales, la violación sistemática de la Constitución boliviana y la promulgación de leyes en contra de los derechos indígenas”, todo con el fin de viabilizar la construcción de la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Mojos, “favoreciendo el avasallamiento y la usurpación del territorio por terceros, la desaparición de comunidades y la agresión sistemática de hombres, mujeres y niños indígenas en flagrantes y repetidas acciones de etnocidio”.
El diputado moxeño-ignaciano Pedro Nuny yel presidente del Fobomade Ramiro Otero Lugones presentaron la denuncia al secretario ejecutivo de la CIDH Santiago Canton, y le solicitaron que “inmediatamente aplique medidas cautelares” a favor de las 64 comunidades del TIPNIS.

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Solicitan al TCP una aclaración, complementación y enmienda de la Sentencia Constitucional N. 300/2012

FABIAN II YAKSIC FERAUDY y MARCELA REVOLLO QUIROGA, Asambleístas y Diputados Nacionales, de acuerdo a las credenciales otorgadas por la Corte Nacional Electoral; ante las consideraciones de los Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacionalrespetuosamente exponemos y pedimos:

El día miércoles 20 (de junio) hemos solicitado que se practique notificación con la Sentencia Constitucional No. 0300/2012 conforme lo señala el Art. 47 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en cuyo motivo, se ha practicado la misma a hrs. 17:40 del mismo día miércoles 20 de los corrientes, habiendo tomado conocimiento de una forzada, contradictoria e injusta, resolución que no agotó el análisis y fundamentación presentado y peor aún realizado un acopio importante de la normativa supra nacional y constitucional que forma parte del bloque de constitucional, la parte resolutiva expresa todo lo contrario de lo fundamentado, por lo que, en tiempo hábil y oportuno tenemos a bien concurrir ante sus autoridades, a los fines de solicitar de conformidad con el Art. 45 de 027 solicitamos aclaración, enmienda y complementación de conformidad a los siguientes términos:

PRIMERO.- La Sentencia Constitucional No. 0300/2012 en el punto segundo de la parte resolutiva declara la CONSTITUCIONALIDAD del Art. 1 de la Ley 222, en cuanto a la convocatoria al proceso de consulta previa, sin embargo en el punto tercero, declara la CONSTITUCIONALIDAD CONDICIONADA respecto a “…establecer el contenido y sus procedimientos”., asi como de los arts. 3, 4 inc. a), 6 y 9 de la Ley 222, condicionada a su concertación, observando los razonamientos de la presente sentencia”

Complementen sus autoridades la resolución disponiendo la inmediata SUSPENSIÓN DEL PROCESO DE CONSULTA PREVIA, incluidos la elaboración del protocolo de consulta, los trámites que la sustentan así como la propaganda y las acciones prebendales que se vienen desarrollando desde el Organo Ejecutivo, hasta que las partes, es decir los pueblos indígenas y el Organo Ejecutivo se pongan de acuerdo sobre el objeto de la consulta previa, los procedimientos y otros previstos en la normativa constitucional vigente.

SEGUNDO.- La Sentencia Constitucional No. 300/2012, que tiene fecha 18 de junio y el voto disidente pronunciado por el Magistrado Tata Gualberto Cusi Mamani en Sala Plena de 19 de junio de 2012, explique cuál la razón de que la ambos instrumentos tengan fechas diferentes cuando en conferencia de prensa se hizo conocer del fallo a la población, antes de que se hubiera pronunciado el voto disidente.

TERCERO.- Pedimos se aclare y complemente la Sentencia Constitucional No. 300/2012 de 18/6/2012 respecto a señalar expresamente si se declaró o no improcedente la acción de inconstitucionalidad presentada por los suscritos Asambleístas y Diputados Nacionales FABIAN II YAKSIC FERAUDY y MARCELA REVOLLO QUIROGA toda vez que la parte dispositiva del fallo no señala en momento alguno ningún pronunciamiento respecto a la Acción de Inconstitucionalidad Abstracta promovida de nuestra parte.

CUARTO.- Explique si la participación de los Ministerios del Medio Ambiente y Agua y de Obras Públicas, Servicios y Vivienda consignada en la Ley 222, forma parte, en su concepción, de los procedimientos propios y a través de sus instituciones de los pueblos indígenas, para la consulta, aclarando cuál es el rol del Organo Electoral Plurinacional, explicando la interpretación del Art. 208 de la Constitución Política del Estado en los casos de convocatoria a consulta revia.

QUINTO.- Expliquen y aclaren si la Sentencia No. 0300 considera que el art. 6 y los demás artículos de la Ley 222, demandados de inconstitucionalidad, fueron concertados, previamente acordados y convenidos; de ser así, en qué documentos consta aquello, para haber establecido la “constitucionalidad condicionada” de la referida Ley, o si por el contrario, en transgresión de lo establecido por el art. 30-15 de la CPE, los términos de la consulta posterior fueron definidos unilateralmente por el Estado y el Gobierno.

SEXTO.- Aclaren, expliquen y complementen, cuál es la situación de los actos, hechos administrativos y legislativos (financiamiento, trazo y construcción de carretera, etc.), que ya se han efectuado por el estado y gobierno nacional desde el año 2008 que tuvieron como resultado la ejecución dre obras en los tramos I y III del Proyecto Villa Tunari San Ignacio de Moxos que tuvo como resultado la inversión económica desde el Estado Plurinacional, y que dichos tramos inequívocamente en sus extremos internos desembocan en las puertas de ingreso y salida del Territorio Indígena Parque Nacional isiboro Secure.

SEPTIMO.- Se explique cuál el motivo por el que se hace referencia al “buen vivir”, que no está contemplado en la CPE sino que se encuentra como principio-valor el “suma qamaña” o sea el vivir bien, que tiene otra concepción (no concluida ni conceptualizada por ciento) y que respecto a la parte resolutiva del fallo no encuentra su adecuación fáctica.

OCTAVO.- Aclaren a qué se refiere la posibilidad de que se establezca un “diálogo intercultural”, cuando lo que se ha vulnerado es un derecho indígena, internacionalmente reconocido y admitido, sin haberse establecido no solo un diálogo de esas características sino más bien olvidando la concepción plural y sobre todo manteniendo la imposición unilateral y colonial del gobierno y del estado sobre los pueblos indígenas.

NOVENO.- Aclaren si se ha admitido que la consulta no es previa ya que no cumple con el requisito de la concertación previa sobre el objeto de la consulta ni de establecimiento de procedimientos que sean propios a los pueblos en consulta, porqué razones no se ha declarado la inconstitucionalidad del art. 1 de la Ley 222. O es que se considera que lo previo, o sea lo anterior, constituye solo una formalidad que en cualquier momento puede ser cumplida y supuestamente subsanada, sin considerar que pueden existir daños irreparables a los derechos de los pueblos indígenas.

DECIMO.- Se explique las razones del porqué habiéndose constatado la carencia de buena fe con la que ha obrado el Estado Boliviano en el caso que nos ocupa, pues no hubo inclusión en las deliberaciones en los procedimientos de la consulta, se ha declarado la constitucionalidad condicionada de la Ley 222.

DECIMO PRIMERO.- Se aclare y explique respecto a la parte dispositiva de la Sentencia Constitucional No. 300/2012 de 18/6/2012 en su acápite 3º ¿qué significa “CONSTITUCIONALIDAD CONDICIONADA”?; si existe jurídica y constitucionalmente la figura de una “CONSTITUCIONALIDAD CONDICIONADA” en nuestra legislación nacional, debiendo señalarse la norma expresa que así lo determina.

DECIMO SEGUNDO- Se explique, en relación al punto anterior, cuál es el efecto de lo condicionado, pues ante el incumplimiento podrán efectuarse otras acciones, pero se mantendrá la ley, pues las acciones de defensa no tienen por finalidad expulsar del ordenamiento jurídico normas inconstitucionales como lo es la Ley 222.

DECIMO TERCRO.- Pedimos se explique respecto al acápite 4º de la parte dispositiva de la Sentencia Constitucional No. 300/2012 de 18/6/2012 sobre la “improcedencia” respecto al art. 8 dela Ley 222, debiendo señalarse qué normativa les permite declarar dicha improcedencia, toda vez que la demanda fue admitida y de ninguna manera puede fraccionarse la resolución en partes que pueden por un lado ser procedentes y otras improcedentes cuando la consulta de constitucionalidad solo puede dar por resultado que los artículos demandados de inconstitucionalidad sean declarados constitucionales o inconstitucionales.

DECIMO CUARTO.- Expliquen si vuestro Tribunal Constitucional Plurinacional tiene facultades expresas para “instar a los pueblos indígena originario campesinos habitantes del TIPNIS a que en ejercicio de sus derechos y con el objetivo de materializar los mismos, coadyuven con su participación a entablar un diálogo con el Estado, a objeto de asumir los acuerdos necesarios para efectivizar la consulta; propiciando para ello al interior de sus comunidades, un proceso de concertación en el que establezcan sus prioridades respecto al proceso en sí de consulta….” o más bien se trata de una verdadera intromisión que tergiversa la finalidad de las consultas a los pueblos indígenas, solicitando a ustedes señalar la disposición en cita del artículo concreto que les otorga esa potestad para instar a los pueblos indígenas originarios campesinos.

DECIMO QUINTO.- Piden se aclare, explique y complemente respecto a la parte dispositiva de la Sentencia Constitucional No. 300/2012 de 18/6/2012 en relación a los numerales 6º y 7º respecto a exhortar a la Asamblea Legislativa Plurinacional y al Órgano Ejecutivo toda vez que se según la doctrina al decir de Roberto Gargarella sobre las llamadas Sentencias Exhortativas que: “… SALVO QUE “UN TEXTO CONSTITUCIONAL EXPRESO HABILITE LA FACULTAD DE UN TRIBUNAL PARA ACTUAR DE ESE MODO, NO CABE RECONOCERLE TAL COMPETENCIA, que importa en definitiva un juego dialéctico de velada declaración de inconstitucionalidad, pero sin declaración sincera de inconstitucionalidad.” Para él, una sentencia exhortativa (como la que aparece en Verbitsky) “padece de una seria debilidad jurídica” dado que la Corte “exhorta al legislador al cambio de una norma partiendo – básicamente- DE CONJETURAS, COMO QUE ESA NORMA (A LA QUE EL TRIBUNAL FORMALMENTE NO DECLARA INCONSTITUCIONAL) PARECE INCONSTITUCIONAL, O PUEDE LLEGAR A SER INCONSTITUCIONAL.”

“Tales presunciones” –agrega- “no configuran un dato jurídico cierto y concluyente de inconstitucionalidad que justifique el tribunal requiera al legislador, casi por precaución, nada menos que sustituya la norma del caso.” Todo ello obliga a los poderes políticos a “extremar su capacidad imaginativa para acertar acerca de cuáles son las reglas locales que cabe sustituir, y con qué otro contenido normativo.” Se pasa así –nos dice- a una “curiosa” y más complicada clasificación, respecto de la constitucionalidad de una norma, en vez de la “binaria básica” (“reglas constitucionales-reglas inconstitucionales”)”.

DECIMO SEXTO.- Por otra parte pedimos se aclare, explique y complemente respecto a la parte dispositiva de la Sentencia Constitucional No. 300/2012 de 18/6/2012 respecto a las consideraciones y fundamentos legales que motivaron el emitirse el citado fallo constitucional en relación a la Jurisprudencia que refieren las Sentencias Constitucionales Nos. 577/2004-R de 15 de abril de 2004, 0590/2006 de 21 de junio de 2006 y 0752/2002-R de 25 de junio de 2002.

DECIMO SEPTIMO.- Se complemente en forma expresa la Sentencia No. 300/2012 en sentido que solo las naciones y pueblos indígenas podrán ser objeto de la consulta y no así otros por mucho que habiten el Territorio Indigena y Parque Nacional Isiboro Sécure y se denominen interculturales, por no pertenecer a los pueblos indígenas.
Es lo que pedimos en Justicia. La Paz, 20 de junio de 2012.

Veja: "Censura boliviana traspasa sus fronteras"

La revista brasileña Veja (vea en español) respondió a las autoridades bolivianas que anunciaron procesos legales por la publicación del artículo "La República de la Cocaína". Para el semanario del vecino país, la "censura" boliviana traspasa las fronteras.

La publicación que motivó airadas protestas de los gobernantes bolivianos, está relacionada a un supuesto nexo entre el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana y la directora regional de la Ademaf en el Beni, Jessica Jordán con el narcotraficante brasileño Maximiliano Dorado, quien se encuentra recluido en la cárcel de Catanduvas en el Estado de Paraná.

"No satisfechos con reprimir a la prensa en su propio territorio, los gobierno bolivarianos comienzan a mostrar sus garras contra la libertad de expresión en países vecinos", señala una reciente información que difundió Veja.

La revista más vendida del Brasil, recuerda que esta semana después de la publicación del material "la República de la Cocaína" se ha amenazado con procesar a ese medio por revelar documentos que vinculan a autoridades bolivianas, pero "sobre mandar a investigar las denuncias, nada fue dicho", señala la revista.

Veja explica que el reportaje fue escrito por su editor Duda Teixeira fue basado en relatos producidos por la Unidad de Inteligencia de la Policía Boliviana y que los documentos fueron filtrados a la prensa boliviana y americana por un miembro del gobernante Movimiento al Socialismo.

Asimismo, Veja ratifica su versión y transcriben los informes sobre el encuentro que se habría producido en Santa Cruz de la Sierra entre las autoridades bolivianas y el narcotraficante brasileño.  La publicación relata todas las repercusiones que tuvo la publicación en esferas políticas. Resalta que los opositores al gobierno de Evo Morales piden investigar los hechos mientras que las autoridades del Ejecutivo amenazan con procesar al medio escrito.

Asimismo, Veja recuerda que el gobierno boliviano nombró un nuevo embajador, Jerjes Justiniano este miércoles quien tiene como misión "reducir el impacto del reportaje de Veja" pidiendo una retracción o de lo contrario iniciar un proceso legal.

ANF

Bolivia: La República de la cocaína – por Duda Teixeira

Informe policial revela el encuentro de un narcotraficante brasilero con el número dos del gobierno boliviano.

El presidente de Bolivia, Evo Morales se enorgullece de incentivar las plantaciones de coca, materia prima de más de la mitad de la cocaína y crack consumidos en el Brasil, bajo el argumento de que sus hojas sirven para producir té y medicinas tradicionales. Sin embargo, y según lo estima la Organización de las Naciones Unidas (ONU), tan sólo un tercio de la coca plantada en su país satisface dicha demanda. El resto abastece el narcotráfico, y como consecuencia, contribuye a corromper la vida de casi un millón de brasileros y de sus familiares. Recientemente han surgido evidencias de que la complicidad del gobierno boliviano con el narcotráfico va más allá de una simple defensa de los intereses de los cocaleros o plantadores de coca.

Veja tuvo acceso a los informes producidos por una unidad de inteligencia de la policía boliviana, que revela entre otros hechos, una conexión directa entre el hombre de confianza de Evo Morales, ministro de la presidencia Juan Ramón Quintana, y un narcotraficante brasilero que actualmente cumple su pena en la penitenciaria de máxima seguridad de Catanduvas, en Paraná.

Uno de los documentos, titulado Aprensión de fugitivo internacional y firmado con el nombre encubierto “Carlos”, describe como los agentes bolivianos identificaron la casa del brasilero Maximiliano Dorado Munhoz Filho en el 2010. Max, como también se le conoce, y su banda poseían haciendas en Guajará-Mirim y en otras ocho ciudades de Rondonia, donde recogían la droga lanzada desde aviones bolivianos. Mensualmente, la banda de Max reciba unos 500 kilos de cocaína que luego eran transportados a San Paulo y Río de Janeiro. El narcotraficante huyó de la cadena Urso Branco, en Rondonia en el 2001, y para entonces se sospechaba que estaba escondido en Bolivia. De hecho, tenía un inmueble en la calle Chiribital, esquina con Pachiuba, en un barrio noble de Santa Cruz de la Sierra. El día 18 de noviembre de 2010 a las 2 de la tarde, los policías que vigilaban el inmueble presenciaron una cena extravagante. Quintana, hoy el segundo hombre más poderoso de la república, aparecía en compañía de Jéssica Jordan de 28 años, famosa en su país por haber sido electa Miss Bolivia tan sólo 4 años antes. Ambos tenían por aquel entonces, puesto de confianza en organismos estatales.

Quintana era el director de la Agencia para el Desarrollo de las Macro Regiones y Zonas Fronterizas. Dos meses antes, Jéssica fue nombrada por el vicepresidente Álvaro García Linera como directora Regional de Desarrollo del Estado del Beni, departamento que comparte fronteras con Rondonia y por donde ingresa al Brasil buena parte de la droga boliviana. Quintana y Jéssica entraron en la casa de Max con las manos vacías y salieron 20 minutos después con dos maletines. El contenido de los mismos es desconocido.

Dos meses después del encuentro con los integrantes del gobierno de Morales, Max fue detenido en una operación conjunta de la policía federal brasilera y un grupo de miembros escogidos a dedo del servicio de inteligencia boliviana llevado al Brasil. Por otro lado, Quintana fue nombrado por Evo Morales al año siguiente como ministro de la presidencia, el equivalente a la casa civil brasilera, puesto que él ya había ocupado del 2006 al 2009. El relato del agente Carlos acerca del encuentro entre los miembros del gobierno y el narcotraficante brasilero forman parte de una serie de documentos filtrados a la prensa boliviana y norteamericana por un político del Movimiento Al Socialismo (MAS), partido de Morales. Para el autor de dicha entrega de información, el gobierno no ha cumplido con su promesa de mejorar la vida ni de los pobres, ni de los indígenas de Bolivia. Evo Morales triunfó en dos elecciones presidenciales promocionándose como un candidato defensor de los indígenas. Sin embargo, la mayoría de ellos están insatisfechos.

Desde que Morales tomó posesión de la presidencia hubo un aumento del 22% de la superficie dedicada al cultivo de coca en el país. A diferencia de Colombia, que en los años 80s cultivaba y refinaba el 90% de la cocaína consumida en el mundo y ahora combate a los carteles y reduce su producción; Bolivia y Perú han aumentado su participación en ese mercado y hoy proveen la mitad de las drogas derivadas de las hojas de coca. Fabricas de cocaína que hasta el momento no existían en Bolivia, comenzaron a aparecer por centenares, y hoy operan en el país carteles colombianos, mexicanos y el PCC brasilero. Al ver el crecimiento del crimen organizado y las puertas de la política cerradas para sus representantes, los indígenas y los sindicalistas han pasado a criticar abiertamente a Morales. El mes pasado, la policía se declaró en huelga exigiendo mejores salarios. Hace dos semanas, una nueva marcha indígena llegó a La Paz para impedir la construcción de una carretera en el parque ecológico indígena Isiboro Sécure (TIPNIS). El proyecto que según los bolivianos, une a “dos poblaciones sin habitantes”, tiene como objetivo abrir nuevas fronteras para la plantación de coca, dado que la productividad de la región vecina del Chapare, principal reducto de Morales donde el 90% de las hojas se destinan a la producción de drogas ilegales, está en franco declive. Quintana no se cansa de atacar a los indígenas que se oponen a la construcción de la carretera, al mismo tiempo que sale a defender a los cocaleros. Quintana fue militar, araponga entrenado por los norteamericanos y asesor del ministro de defensa del presidente Hugo Banzer (1997 – 2001). Además, es autor de las declaraciones más antiamericanas del gobierno de Morales. A él se le atribuye la sugerencia, acatada por Morales, de expulsar del país a los agentes de la Drug Enforcement Administration (DEA), órgano americano que financiaba la gasolina y parte del salario de los policías bolivianos dedicados a la lucha contra el narcotráfico. No es de extrañar que dicha medida haya salido de la cabeza del hombre que comparte con el vicepresidente Álvaro García Linera la responsabilidad de administrar las relaciones del gobierno boliviano con el presidente venezolano Hugo Chávez.

Los informes que revelan los lazos comprometedores del gobierno boliviano con narcotraficantes fueron realizados por agentes que simpatizan con la administración Morales, sorprendidos ante la incapacidad del presidente de percibir la podredumbre de su entorno. “Los esfuerzos que hace nuestro amigo y hermano Evo para erradicar la corrupción caen en saco roto y eso puede ser utilizado por la oposición para manchar su honra” explica un policía encubierto, apodado Confucio. Uno de los referidos documentos revela que Raúl García, padre del vicepresidente Linera y adicto a la cocaína, habría influido en el nombramiento del Director de Aduanas del aeropuerto Viru Viru en Santa Cruz de la Sierra, por donde sale buena parte de las drogas con destino a Brasil. “Algunos narcotraficantes colombianos que aseguran haberle dado un apartamento en Santa Cruz al padre del vicepresidente a cambio de protección para que despeguen determinados aviones, dicen tener pruebas de esto” relata uno de los informes confidenciales. Cabe destacar que Raúl García murió de un infarto el año pasado.

“La creciente actuación de los narcotraficantes brasileros en Bolivia resulta facilitada por un sinnúmero de factores, entre los cuales se encuentra la posibilidad de negociar con miembros del gobierno” afirma Douglas Farah, especialista norteamericano en el estudio del flujo ilegal de armas y drogas, que ha analizado todos los documentos confidenciales entregados por el político del MAS. Hasta el momento no hay datos que ayuden a esclarecer si el entorno de Evo Morales se ha corrompido aisladamente o si él tendría participación directa en los negocios de su gobierno con el narcotráfico. Hasta el momento el presidente no ha reconocido que nada esté funcionando de manera inapropiada o ilegal. Desde que la oposición hizo entrega de dichos documentos comprometedores hasta el momento, ninguna investigación ha sido abierta por las autoridades. En lugar de eso, se intentó castigar a los mensajeros. El senador Roger Pinto, por ejemplo, que en marzo del 2011 tuvo la osadía de llevar al Palacio Quemado una copia del informe acerca de la reunión entre Quintana y Max, entre otros papeles con denuncias, fue acusado de corrupción por Morales y acabo recibiendo asilo político en la embajada de Brasil en La Paz. Hasta el viernes pasado, aún no había recibido el salvoconducto del gobierno boliviano para poder embarcarse en un avión con destino a Brasil.

hacer.org

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