Hallan 154 pozas de maceración de coca y 84 fábricas de cocaína en las tierras del Conisur

Redacción Bolpress

La máxima dirigente de la IX Marcha Indígena cayó en Brasil con 72 cápsulas de clorhidrato de cocaína en el estómago y fue condenada a seis meses de prisión, denunció el ministro Carlos Romero. Al diligente y prolijo ministro le pareció más importante investigar la vida privada de una humilde mujer que ya pagó por su delito, que averiguar quiénes son los dueños de 154 pozas de maceración y 84 fábricas de cocaína descubiertas el año pasado en el polígono 7 del TIPNIS.

El gobierno cocalero sometió al escarnio público a una mujer indígena apresada en 2007 en Brasil con 72 cápsulas de clorhidrato de cocaína en los intestinos. La infractora no es un “pez gordo” del narcotráfico y además ya cumplió su condena, pero el régimen se ensaña con ella solo porque es la máxima dirigente de la IX Marcha Indígena.

El ministro de Gobierno Carlos Romero presentó en conferencia de prensa un informe de la Interpol y una sentencia del Poder Judicial de Río de Janeiro, que demuestran que la presidenta de la IX Marcha Bertha Vejarano Congo y su esposo Virgilio Moye Noza “confesaron” el delito de narcotráfico después de haber sido sorprendidos en flagrancia transportando 138 cápsulas de cocaína en sus estómagos el 2 de marzo de 2007. (1)

Bejarano y su esposo “confesaron y admitieron su culpa”, fueron recluidos “aproximadamente seis meses” por el delito de narcotráfico y obtuvieron su libertad “por supuesta indigencia”, beneficiados “con una suerte de perdón judicial”, precisó el ministro Romero. Luego los burócratas, dirigentes sindicales y legisladores del MAS crucificaron a la “narcotraficante confesa”, y le recomendaron abandonar la dirección de la IX marcha.

El dirigente del MAS en Trinidad Carlos Cuba opinó que “las organizaciones indígenas ahora deben replantear o ver su situación porque están marchando encabezados por una narcotraficante. Todo mundo desconocía los antecedentes de esta señora que trasladaba droga en el estómago, y por este hecho criminal ha perdido credibilidad y debe dar un paso al costado en la conducción de la movilización que se dirige a La Paz”.

El ministro Romero aclaró que Bejarano ya pagó por su delito, insinuando que tiene derecho a participar en la movilización. En ese caso, ¿por qué pisoteó la dignidad de la humilde mujer condenada a seis meses de cárcel por transportar 72 cápsulas de cocaína?

El ministro Romero hizo gala de la “transparencia informativa” del gobierno develando los entretelones de un caso de narcotráfico de 800 gramos de cocaína ya resuelto, oleado y sacramentado, pero oculta un narco escándalo mayúsculo aún no aclarado y que involucra al propio Presidente Evo Morales. La Dirección General de la Fuerza de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN) descubrió el año pasado 154 pozas de maceración y 84 fábricas de cocaína en las tierras de cocaleros y colonizadores masistas afiliados al Consejo Indígena del Sur (Conisur), en el polígono 7 del TIPNIS.
Los narco cocaleros del Polígono 7

Las localidades de Isinuta, San Gabriel y el Polígono 7, el área colonizada del TIPNIS, siempre han sido zonas rojas y peligrosas. “Ya en los años de 1990 el centro de acopio de hoja de coca en Isinuta se convierte en el foco más importante en el Chapare… A ello debemos sumarle el carácter de economía regional presente en la zona que vincula la producción de hoja de coca con la producción de cocaína”, revela un informe oficial. (2)

En el área colonizada del Isiboro-Sécure destacan los poblados Aroma al norte; Santísima Trinidad situada en el centro, y Villa Bolívar al sur; además de las localidades Puerto Patiño, Icoya, Ichoa, Urkupiña y Tacopaya, entre otras. En 2009 los colonizadores de los sindicatos Valle Alto B y Británicos avasallaron tierras de la comunidad Mercedes de Lojojota; mientras que cocaleros del Sindicato 16 de Octubre ocuparon áreas de la comunidad San Miguelito.

Datan de gestiones pasadas específicamente los sindicatos Villa Mercedes, Valle Alto 2 y Británicos, “que se encuentran asentados legalmente, merced a que el INRA les otorgó títulos de propiedad a los afiliados en el área verde del Parque Nacional Isiboro Sécure”, reportó el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) Williams Kallman Romero en un informe oficial presentado al diputado Pedro Nuny en febrero de 2012. (3)

La FTC recalcó que “estos sindicatos no tienen la potestad para deforestar los bosques y menos aún para el cultivo de hoja de coca”. Sin embargo, los sindicatos Británicos, Valle Alto B y 16 de Octubre afiliados a la Federación del Trópico cultivan el arbusto y obligan a los indígenas de la zona a afiliarse para que también puedan producir coca.

El dirigente de la Federación del Trópico David Herrera aseguró que los indígenas que cultivan coca dentro de la línea demarcatoria del Polígono 7 y están afiliados a la Federación cumplen con todos los requisitos” para comercializar su producción. El representante del Conisur Gumercindo Pradel confesó que al menos siete de las 12 comunidades que reconoce su organización se adhirieron a la Federación del Trópico. (4)

El Polígono 7 de una extensión aproximada de 120 mil hectáreas (con 12 a 15 mil parcelas) cuenta con 47 sindicatos agrupados en ocho centrales: Central Nueva Tacopaya, Central Uncía, Central 10 de Mayo, Central 1 de Mayo, Central 15 de diciembre, Central Agraria Sécure, Central Isiboro Sécure A y Central Isiboro Sécure B. (5)

En la zona todo el mundo sabe que la coca del TIPNIS no se comercializa en el mercado legal de Sacaba sino en los laboratorios de droga que proliferan en la zona sur del Isiboro Sécure. Los indígenas de Santísima Trinidad veden su producción a los sindicatos de la Federación y éstos revenden la hoja a los narcotraficantes. David Herrera reconoció que en la zona colonizada se produce droga. (6)

Las 154 pozas de maceración y 84 fábricas de droga del Conisur

En 2006 se contabilizaron 27.500 hectáreas de coca en Bolivia, un incremento del 8% respecto a 2005, de las cuales 2.300 hectáreas se hallaron en los Parques Nacionales Carrasco e Isiboro Sécure del Trópico de Cochabamba. (7) “La mayor parte del aumento del área de cultivo ocurrió en el Chapare, con 8.300 hectáreas medidas, un 19% de incremento respecto a 2005, donde los rendimientos de la hoja de coca son dos veces más altos que los rendimientos en los Yungas de La Paz”, precisó el diputado de Podemos Ernesto Justiniano.

En la gestión 2010 se identificaron 2.228 hectáreas de cultivos ilegales en los Parques Isiboro Sécure y Carrasco, un incremento de 9% y 6%, respectivamente. Solo en el TIPNIS se contabilizaron 1.183 hectáreas de coca ilegal. (8)

En el primer semestre de 2011 la FELCN erradicó 3.926 hectáreas de coca en el trópico de Cochabamba, principalmente en los Parques Isiboro Secure y Carrasco. Hasta fines de 2011, la Dirección General de Desarrollo Integral de las Regiones Productoras de Coca (Digprococa) erradicó 224 hectáreas de coca en el TIPNIS: 1 hectárea en el sindicato 16 de Octubre; 14 has en el Sindicato Británicos y 16 has en Valle Alto B.

La FELCN destruyó 84 fábricas de cocaína y 154 pozas de maceración en 81 operativos realizados desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2011 solo en el Polígono 7, el área colonizada del TIPNIS controlada por los sindicatos del Conisur, revela un informe enviado por el ministro de Gobierno Carlos Romero al Presidente Evo Morales el 1 de febrero de 2012. (9) (Ver cuadro)

El 41% de las pozas de maceración (63) y el 45% de las fábricas de cocaína (38) fueron halladas en predios de los sindicatos Villa Bolívar, Comuna y 1 de Diciembre, en pleno centro del Polígono 7, todos afiliados a la Central Isiboro Sécure A. Gumercindo Pradel es originario de esta zona, donde goza de amplia influencia, sobre todo en el sindicato Comuna.

La Central Agraria Sécure, que agrupa a los sindicatos Icoya, Ichoa y Moleto, es la segunda zona productora de droga en el Polígono 7, con 39 pozas de maceración (25%) y 17 fábricas de cocaína (20%).

Pisándole los talones, los sindicatos de la Central 15 de Diciembre (Murillo, Alaska, Santísima Trinidad y Aroma) ocupan el tercer lugar en cuanto a producción de droga con 31 pozas de maceración (20%) y 17 fábricas de cocaína (20%). Cabe destacar que el secretario ejecutivo de la Federación del Trópico Mario Castillo es oriundo del Sindicato Murillo, y también mantiene vínculos estrechos con el Sindicato Santísima Trinidad.

Los sindicatos colonizadores del Conisur trabajan para el gobierno del MAS y sirven a Evo, líder máximo de los sindicatos cocaleros y a la vez Presidente del Estado. El conflicto de intereses no sólo compromete su imparcialidad como dignatario sino que lo responsabiliza de todas las ilegalidades y delitos cometidos en el Polígono 7.

Notas:
1. La sentencia del “Proceso No 2007.51.01.490052-3” promovido por la Procuradora de la República Federal de Brasil, Doctora Andrea Silva Araujo, en contra de Bejarano y su esposo, dice textualmente en su parte relevante:“El Ministerio Público Federal, a través de la Procuradora de la República, promueve Acción penal alegando la condena de Virgilio Moy Noza y Bertha Vejarano Congo, por las sanciones de los artículo 33, en la forma del inciso I, del artículo 40, ambos de la Ley N. 11.343/2006, acusados, en síntesis, de transportar cocaína en 138 cápsulas, en el aparato digestivo, de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra/Bolivia a Río de Janeiro, hecho que motivó la aprehensión en flagrancia de delito el día 2 de marzo de 2007, después del desembarque del vuelo G3 1783 de la empresa aérea GOL, en el aeropuerto Internacional de Río de Janeiro/Galeón”. Posteriormente, el fallo judicial establece textualmente:“La Procuradora de la República sustentó en resumen que los acusados reconocen los hechos imputados como verdaderos, ratificados por las declaraciones testificales y el laudo pericial de sustancias estupefacientes comprueban el hecho material delictivo y autoría, que la alegación de dificultad financiera no justifica la práctica del crimen, se requiere la condena con penas en base al artículo 33… y que los acusados cumplen con los requisitos para la disminución de la pena prevista en el 4 del artículo 33 de la Ley 11.343/2006”.

2. Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) del Tipnis, Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, julio de 2011.

3. Informe del teniente coronel Willy Pozo Torrico al coronel Williams Kallman Romero sobre las actividades realizadas en la gestión 2011 por la FTC Chapare en el TIPNIS, 18 de enero de 2012.

4. Agencia de Noticias Indígenas de Erbol.

5. Todas las comunidades del Conisur se ubican dentro de la TCO de propiedad de la subcentral TIPNIS, excepto Santístima Trinidad que se encuentra al interior del Polígono 7. El Conisur afilia a seis comunidades indígenas, entre ellas San Antonio, San Jorgito, Carmen de Ichoa y otras. Las comunidades Mercedes de Lojojota, San Benito y Buen Pastor que se encuentran en la zona colonizada están afiliadas a la subcentral TIPNIS.

6. El 19 de octubre de 2011 el subteniente Steven Medrano perdió la vida un enfrentamiento con narcotraficantes colombianos en la localidad Santa Rosa del TIPNIS. Umopar detectó un megalaboratorio de cristalización de cocaína en inmediaciones de la laguna Los Tojos con una capacidad de producción de más de 100 kilos de cocaína de alta pureza diarios: Coordenadas S-16º 11’18,0’’ W.065º09’09.5’’.

7. Informe Monitoreo de cultivos de coca 2006 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

8. Informe Monitoreo anual 2010 de la UNODC.

9. CITA DMG/DGAJ N. 111/2012, en respuesta a la petición de informe escrito N. 2662/2011-2012 PIE 1693 del Diputado Pedro Nuny Caity.

El TCP “condiciona” la “constitucionalidad” de la Ley 222

Redacción Bolpress

La Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declaró la “constitucionalidad condicionada” de la Ley 222 que convoca a un proceso de Consulta Previa Libre e Informada a los pueblos indígenas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) para la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. Esto significa que "la relación del Estado con las comunidades indígenas debe darse en un plano de igualdad, debe ser horizontal y no vertical, en la que una parte ordene y disponga unilateralmente qué se va a consultar, a quiénes se va a consultar y cómo se va a realizar la consulta".

El 27 de febrero de este año los diputados del Movimiento sin Miedo (MSM) Marcela Revollo y Fabián Yaksic presentaron al TCP una Acción de Inconstitucionalidad Abstracta contra los artículos 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la Ley 222 de 10 de febrero de 2012, denominada Ley de Consulta a los Pueblos Indígenas del TIPNIS.

En un memorial de más de 40 páginas, los diputados del MSM enumeran hechos administrativos, contractuales y legislativos para la construcción de la carretera, sin previa consulta a los pueblos indígenas que habitan el TIPNIS, que demuestran que la pretendida consulta “no es previa ni libre”. Además, los indígenas ya se pronunciaron al respecto con la Ley Corta 180 que establece que ese parque nacional no puede ser avasallado por obras de infraestructura.

Luego de casi cuatro meses de análisis, la Sala Plena emitió su fallo mediante Sentencia TCP N. 0300/2012 fechada el 18 de junio de 2012 y firmada por el presidente Ruddy José Flores Monterrey, y los magistrados Efren Choque Capuma, Neldy Virginia Andrade Martínez, Soraida Rosario Chánez Chire, Mirtha Camacho Quiroga y Ligia Mónica Velásquez Castaños. No intervino el magistrado Gualberto Cusi Mamani por ser de voto disidente.

El fallo de la Sala Plena declara la CONSTITUCIONALIDAD del artículo 1 de la Ley 222 que “tiene por objeto convocar al proceso de Consulta Previa Libre e Informada a los pueblos indígenas del TIPNIS”.

Los magistrados concluyeron que “el hecho que la Ley 222 no tenga en sí carácter previo no es un fundamento para declarar la inconstitucionalidad de dicha Ley, pues, como se ha explicado reiteradamente, la consulta, aun no sea previa, da efectividad a un derecho de carácter colectivo de las naciones y pueblos indígena originario campesino previsto, entre otras, en los arts. 30.II.15 de la CPE, 6.1 y 2 del Convenio 169 de la OIT y 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”.

No obstante, la Sala Plena del TCP declara la “constitucionalidad condicionada” de los artículos 1, 3, 4, 6 y 9 de la Ley 222. La Sentencia subraya que "los arts. 1 (en cuanto a la frase “…y establecer el contenido de este proceso y sus procedimientos”), 3, 4 inc. a), y 9 son constitucionales siempre y cuando su implementación sea de acuerdo al marco jurídico constitucional y se desarrolle en base a los principios de igualdad, de buena fe, concertación, transparencia y flexibilidad que debe primar en la relación horizontal entre el Estado y las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos".

El fallo recalca que el proceso, sus elementos, los procedimientos, plazos y cronograma establecidos en los arts. 1, 3, 4 y 9 de la Ley 222 "son y deben ser concertados con las naciones indígenas en el plano de la igualdad, en la que no prevalezca ni uno ni otro, es decir, que debe primar la horizontalidad de actuaciones como dederechos y obligaciones para ambas partes intervinientes en la consulta (entiéndase Estado y pueblos indígena originario campesinos a ser consultados)".

Respecto al artículo 6 que delega al Estado la responsabilidad de propiciar y ser coadyuvante de buena fe en la consulta, la sentencia concluye que “el art. 6 de la Ley 222 es constitucional condicionado, debiendo ser concertado con las instituciones representativas de los pueblos indígenas”.

En ese marco, el fallo insta a los pueblos indígena originario campesinos habitantes del TIPNIS a que en ejercicio de sus derechos y con el objeto de materializar los mismos coadyuven con su participación a entablar un diálogo con el Estado, a objeto de asumir los acuerdos necesarios para efectivizar la consulta; propiciando para ello al interior de sus comunidades, un proceso de concertación en el que se establezcan sus prioridades respecto al proceso en sí de consulta, las cuales se verán reflejadas al momento de desarrollarse el diálogo entre partes.

Los magistrados exhortan a la Asamblea Legislativa Plurinacional a ser coadyuvante en la facilitación de la concertación y en la configuración posterior de los acuerdos asumidos. Además, instruyen al Órgano Ejecutivo propiciar y facilitar el diálogo necesario con los pueblos indígenas a objeto de que a partir de la concertación “no sólo se desarrolle la consulta, sino que se concreten todos los planes y proyectos no únicamente de beneficio de dichos pueblos, sino también los que involucran el interés nacional”.
Los magistrados advierten que “ante el incumplimiento de los términos desarrollados en la presente Sentencia, referidos al proceso de consulta, se tendrán expeditas las acciones tutelares para activar la justicia constitucional, en defensa de los derechos fundamentales colectivos inherentes a los pueblos indígenas”.

Por otro lado, la Sala Plena declara la constitucionalidad del artículo 7 de la Ley 222, que prevé un mecanismo de observación, acompañamiento e informe del proceso de consulta a través de una oficina especializada del Órgano Electoral Plurinacional
Según los magistrados, no se evidencia que este mecanismo “interfiera de manera alguna en la concertación para el proceso de consulta, al contrario la intervención del SIFDE, es estrictamente en calidad de observador y en cierta medida veedor de que la consulta se desarrolle en el marco de la buena fe, sin que tampoco la emisión de un informe sobre los resultados constituya una intromisión que desvirtúe el proceso, sino que es a través de una institución especializada, que el Estado garantiza la consulta y su ejecución en el marco del proceso y procedimientos concertados; en consecuencia el art. 7 de la Ley 222 es constitucional”.

Finalmente, la Sala Plena declara improcedente la acción de inconstitucionalidad abstracta contra el artículo 8 de la Ley 222, modificado por la Ley 240 de 10 de mayo de 2012 que amplía el plazo de 120 a 210 días para la realización de la consulta. Esta“situación implica que el art. 8 en estudio no está vigente, por ende la jurisdicción constitucional no puede pronunciarse sobre una norma que ya no está vigente… por lo que corresponde establecer la improcedencia de la acción presentada contra el art. 8 de la Ley 222”, justifica el fallo del TCP.

Rózsa vino con el plan de dirigir una policía

Eduardo Rózsa entró por la frontera brasileña a Santa Cruz,
tras abordar un avión en Europa el 30 de septiembre de 2008.
EL DEBER se entrevistó en Hungría con su novia y otras
personas de su entorno íntimo.

El café restaurante Buena Vista, ubicado en una vía peatonal turística de Budapest, era uno de los favoritos de Eduardo Rózsa Flores. En ese lugar comió por última vez con su novia, Linda Szászvári, y su mejor amigo, Bálint Nagy. Ocurrió el 30 de septiembre de 2008 y su vuelo, cuyo destino final era Santa Cruz de la Sierra, estaba previsto para las 16:00 de Budapest. “Aquel día él se mostró de buen humor”, dice el joven empresario húngaro que entabló una amistad íntima con Rózsa desde 1998.

Bálint estuvo esa tarde en el aeropuerto para despedirlo. Desde entonces, ambos hablaron por chat con alguna frecuencia hasta el día de la muerte del héroe húngaro-croata, de la que se enteró por los medios informativos. Dos días antes del trágico final le había enviado por correo electrónico el que fue el último poema de su autoría. Tanto el mejor amigo de Rózsa como su novia saben de la misión que lo llevó a Santa Cruz de la Sierra, con ligeras variantes en las versiones. Lo que no hacen es identificar a los que contactaron al hombre que murió en el tiroteo del hotel Las Américas.

“Imposible hacerlo, solo él sabía quiénes lo llamaron. También es imposible que el Gobierno de Evo Morales lo haya llevado de su lado”, asegura Bálint.

El mejor amigo de Rózsa prácticamente ratifica lo que Eduardo Rózsa  le dijo el 8 de septiembre de 2008 en una entrevista al periodista húngaro András Kepes, pero amplía más la versión de que vino a Santa Cruz para diseñar un plan de defensa de la región.

“Eduardo estaba apalabrado para ser el comandante de la Policía de Santa Cruz y se alistaba para recibir el apoyo y el voto del ‘Parlamento’ de Santa Cruz. Él fue a conformar una Policía y, por supuesto, la Policía utiliza armas. Su prioridad era un plan de protección y de defensa de Santa Cruz de los ataques de la armada boliviana. Sin embargo, al llegar se encontró con una situación diferente a la que le dijeron y se enojó mucho. No era la situación que había preparado en su plan”, relató Bálint Nagy.

La viuda de Rózsa también tiene su versión sobre el viaje. Ella asegura que en 2007 alguien de Santa Cruz lo contactó para invitarlo a ser asesor político de un grupo. Lo llamaron dos veces, pero no pudo partir porque sufrió un infarto del que se recuperó durante ese tiempo en su casa.

Linda Szászvári niega que su novio haya estado en Bolivia en 2007, como lo registra Carlos Valverde Bravo en su reciente libro  ¡Maten a Rózsa! En la publicación última del comunicador aparece una copia del carné con identidad falsa del hombre abatido en el hotel Las Américas, presuntamente adulterado en Potosí durante su supuesta visita en marzo o abril de ese año. Jorge Hurtado Flores era el nombre que habría utilizado y con el que se registró en un vuelo por el interior del país, supuestamente financiado por la embajada de Venezuela, según la hipótesis de Valverde Bravo.

Para respaldar su afirmación, Linda Szászvári muestra el pasaporte original húngaro de Eduardo Rózsa Flores, en el que se tienen registros de sus viajes realizados antes de 2008 por Indonesia y Sudán, lo que descartaría que haya estado en Bolivia antes de aquel año.

En su visita a Budapest, EL DEBER verificó en el documento que guarda la novia de Rózsa que el 5 de abril de 2005 el excombatiente de la guerra de Croacia visitó Sudán por primera vez para inaugurar un hospital, como parte de su labor de voluntariado como vicepresidente de la comunidad islámica húngara. Tuvo una segunda visita a ese país el 22 de abril de 2007 para entregar equipamiento hospitalario. También el pasaporte registra una visa para el ingreso a Indonesia el 31 de enero de 2005, donde llevó ayuda tras el desastre del tsunami.

La mujer porta el último documento original con el que viajaba Rózsa, cuya vigencia abarcaba el periodo del 19 de enero de 2004 al 19 de enero de 2009. Ella cree que tuvo un paso por Bolivia y Chile probablemente en 2001 y en  los años previos a su muerte estuvo sobre todo en Europa. A Rumania habría viajado en 2004.

Como Bálint, Linda Szászvári también descarta que el Gobierno de Evo Morales haya llevado al héroe croata a Bolivia. “A Eduardo lo llamaron algunos cruceños, no lo llamó el Gobierno de Evo. No podemos decir varios cruceños, sino algunos. Querían que sea una especie de asesor político, ya que escribía en ese tiempo varios artículos sobre la situación política de Bolivia. No era asesor de guerras ni de terrorismo. Tampoco viajó por dinero, ya que él no era un mendigo”, afirma, mientras recuerda que él cada día se informaba desde Hungría de las noticias de Bolivia, sobre todo en el tiempo previo a su partida.

Aunque tanto Bálint como Szászvári se reservan las identidades de quiénes lo contactaron, el amigo de Rózsa mencionó a una persona de nombre Igor con el que el exsoldado y periodista húngaro-croata-boliviano sostenía conversaciones sobre la política del país donde encontró la muerte. “Eduardo no habló de Santa Cruz hasta 2008, cuando comenzó a charlar con una persona de nombre Igor sobre Santa Cruz”, apunta el hombre más cercano del acusado de liderar un grupo terrorista.

Edith Tóásó, hermana de Elöd Tóásó, detenido desde abril de 2008 en la cárcel de San Pedro por el caso Rózsa, protesta contra el Gobierno por la acusación contra su familiar, pero también contra algunos miembros de la oposición y por los que trajeron a los europeos que cayeron en el hotel Las Américas. “Ellos saben la verdad, pero son unos cobardes, porque no salen a aclararla”, dice en relación con algunos de los cruceños que contactaron a Rózsa y cuya identidad se mantiene aún en reserva.

Para Bálint, el general croata fue víctima de una infiltración de gente del Gobierno, como el capitán Wálter Andrade e Ignacio Villa Vargas, alias El Viejo. “No tuvo contacto con el Gobierno. Es posible que lo hayan engañado y esa gente lo pudo haber matado”, acotó .

Un héroe húngaro-croata  que odió el comunismo
“Aquí se puede vomitar”, reza un letrero escrito en húngaro sobre un busto del líder comunista Stalin, instalado en la casa-campo de Eduardo Rózsa, a unos 60 kilómetros de Budapest, donde vivió sus últimos meses en Hungría. Se sabe que durante algunas de las fiestas que realizaba el excombatiente de Croacia usaba ese espacio para que sus amigos vomitaran, lo que refleja el odio que le tenía en el final de sus años al régimen estalinista.

 En el portón de la vivienda hay otro letrero con grandes letras: “Renunciar!!! (al comunismo)”. El final ideológico de Eduardo Rózsa contrasta con su inicio en la política. Su padre Jorge fue ‘un marxista y ateo recalcitrante’ (definición hecha por él mismo), que tuvo que huir de la dictadura banzerista de los 70 para asilarse en Chile con su familia en el último año del gobierno de Salvador Allende. Tras la muerte del presidente chileno, otra vez se fueron por la fuerza a Hungría, donde Rózsa dice haber sufrido años más tarde su primera desilusión del socialismo de János Kadar. Eduardo había tenido antes algunas experiencias juveniles de pintadas de muros a favor de la Unidad Popular y luego su vivencia durante dos meses en un campo de refugiados en las afueras de Santiago de Chile.

Ricardo Herrera, periodista de EL DEBER, lo retrata en una entrevista que realizó años antes de su incursión en Santa Cruz. “Soldado y héroe en Croacia. Corresponsal en Albania, poeta en Hungría, activista en una misión humanitaria en Irak. Agente secreto, actor, productor de documentales y articulista de medios”.

Terminado el bachillerato en Hungría, ingresó en una escuela militar con el deseo de volver a América Latina con experiencia castrense. Después de ese paso lo enviaron a la Academia F.E. Dzerzhinski en la Unión Soviética, que llevaba el nombre del fundador de la Cheka, antecesora de la KGB. Rózsa afirma que allí sufrió la segunda desilusión del socialismo. “Me di cuenta de que todo era puro teatro, palabras vacías, que no significaban nada”, sostuvo.

A su regreso a Hungría, ingresó a los servicios de Inteligencia, donde conoció al terrorista Ilich Ramírez Sánchez, alias El Chacal. Sin embargo, decidió dar un vuelco a su vida con el ingreso a la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Budapest, donde estudió literatura comparada, lingüística y politología. Mientras se formaba, trabajó para la agencia Prensa Latina. A finales de los 80 fue nombrado segundo corresponsal en Hungría de La Vanguardia de Barcelona, que lo destinó a Albania, donde se gestaba el derrumbe del estalinismo. En paralelo trabajó para la BBC, medios con los que llegó en 1991 a Croacia, donde cubrió durante tres meses la guerra.

La muerte en esa confrontación de su amigo, el periodista croata Zarko Kaic, a manos de los serbios, hizo que se presentara ante el comandante de la guarnición que defendía Osijek. Fue el primer extranjero en alistarse en la Guardia Nacional Croata y formó la Primera Brigada Internacional, que reunió a más de 380 soldados de más de 20 países que apoyaban la causa de Croacia.

Bálint Nagy hace notar los méritos militares de Rózsa cuando dice que tras la declaración de independencia de Croacia el gobierno le dio esa nacionalidad y el grado de coronel. Después le otorgaron el grado de general y una pensión que nunca cobró. Simplemente la dejó en el banco.

Su novia Linda tiene una versión algo diferente sobre la participación del boliviano en el conflicto de Los Balcanes. Según la mujer, Rózsa formó una brigada de protección de los periodistas extranjeros que cubrían la guerra, luego de la muerte de algunos. “Eran unos 300 periodistas que agarraron las armas. No recibieron dinero y lucharon por la paz en Croacia, entre 1991 y 1994”, asegura.

Bálint, que conoció a Rózsa en 1998, durante una conferencia sobre la guerra de Croacia, refirió que este fue entrenado como soldado hasta noviembre de 1991 y en el verano de 1992 se hizo asistente de fuego.

En diciembre de ese año volvió a Budapest y luego a Croacia, donde permaneció hasta 1994. Trabajó con la ONU en brigadas de paz para Bosnia y en 1995 retornó a Budapest, donde se instaló en un céntrico edificio.

Tuffi Aré Vásquez. Hungría

Manipulación del Gobierno
Vladimir Peña / Secretario de la Gobernación
Lo que vivimos en 2009, la bomba que explotó en la casa del cardenal Julio Terrazas no  debe repetirse. En torno al caso Rózsa tenemos una posición clara y firme.

Fue manipulado por el Gobierno para incriminar a la oposición, para sacar rédito político electoral y para alimentar el discurso del separatismo y de división del país. Ha habido una influencia muy fuerte del Gobierno sobre este caso.

Fue un hecho que no debe volverse a repetir porque se trató de un operativo, de una ejecución planificada lo que ocurrió en el hotel Las Américas.

Después vino una suerte de viacrucis a todas las personas afectadas en la investigación que ha dejado más sombras que luces.

Lo único que se ha visto es mellar la dignidad de muchas familias, violando los derechos fundamentales de las personas.

Después de varios años existen varias personas detenidas cuando ya ha pasado un largo tiempo de aquellas tres muertes que marcaron al país y a sus familiares.

Un escenario armado
Nicolás Rivera /Vicepresidente del Comité Cívico
El caso Rózsa es un tema jurídico que no tiene posibilidad de tener un resultado, de manera que no hay condiciones para que eso concluya jurídicamente. Existe la posibilidad de que en un mediano plazo se torne en algo inmanejable. Pero mientras le sea útil, el Gobierno lo va a seguir usando, puesto que resulta una situación bastante simbólica para él.

Están utilizando el discurso antimperialista, de unidad, valores que todos los bolivianos creemos.

Me parece que todo lo que se haga en materia investigativa, institucional y periodística es importante para revelar algo que ha generado una ruptura con demasiada violencia en la sociedad boliviana.  Por lo que me enteré, esto fue algo armado con la finalidad de tener un chivo expiatorio que justifique el desarrollo de la violencia frente a los adversarios políticos.  Fue promovido por las esferas gubernamentales y probablemente algunos incautos pensaron que esa situación era algo real.
El Deber

Papelbol: Evo Morales culpa a empresa brasileña, pero su Gobierno acusa a Peinado

El presidente Evo Morales culpó este miércoles de los problemas detectados en la adquisición e instalación de la fábrica Papelbol a la empresa brasileña, D’Andrea Agrimport, que vendió los equipos al Estado boliviano. Sin embargo, autoridades del mismo gobierno identificaron como principal responsable del daño económico de 13.5 millones de dólares a Eduardo Peinado Rivero, exviceministro de  Mediana, Gran Empresa e Industria.

“Dentro de las empresas que hemos instalado hemos tenido problemas con Papelbol, todo por la culpa de una empresa brasileña. Personalmente yo conversé tres veces con el embajador del Brasil y él me ha jurado y garantizado que aquí va estar la próxima semana la empresa (D’Andrea Agrimport), para resolver (el problema) y que cumpla con su contrato, pero hasta ahora no llegó lamentablemente”, declaró el Primer Mandatario en rueda de prensa.

Gobierno se querella contra Peinado

El 23 de diciembre de 2010, a través de un memorial, la gerente General del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem), Patricia Ballivián, abrió querella contra el exviceministro de Mediana, Gran Empresa e Industria, Eduardo Peinado Rivero, porque permitió que la empresa brasileña D’Andrea Agrimport Importacao e Comercio, encargada de la implementación de la factoría, se beneficie con $us13.571.010, pese al incumplimiento del objeto del contrato.

El contrato fijó un plazo de 14 meses calendario para la instalación, funcionamiento y puesta en marcha de la fábrica. Es decir que la empresa debería haber comenzado a funcionar el 7 de marzo de 2009, hace tres años.

De acuerdo con las informaciones obtenidas, el Estado boliviano pagó por la compra de la fábrica de papel, en la gestión de Peinado, 13.430.656 dólares a la empresa brasileña de los 13.571.010 dólares acordados como precio final. Es decir, que el gobierno canceló el 98,97 por ciento del total del monto pese a que el avance y el estado de la planta estaban muy retrasados.

A la fecha sólo quedaría un saldo de 140.354 dólares y la planta establecida en Villa Tunari, provincia Chapare, departamento de Cochabamba, no funciona.

La documentación evidencia que la fecha en que se firmó el contrato no se contaba con la infraestructura necesaria previa (galpones, tanques, almacenes, vías internas, talleres), razón por la cual “los equipos adquiridos se deterioraron hasta quedar inservibles” por estar expuestos a la intemperie.

“No había ni servicios complementarios (electricidad, agua, gas, abastecimientos, plan de manejo ambiental). Además, la empresa D’Andrea Agrimport se dedicaba a la importación, exportación y comercio de máquinas agrícolas e industriales no teniendo especificado el rubro de instalación y montaje de máquinas para la fábrica de papel”, señalan los documentos oficiales referidos a Papelbol.

Una evaluación técnica elaborada por la empresa Pricewaterhousecoopers reveló que el precio real de la fábrica (en las condiciones actuales) asciende a un monto de 6,118.000 de dólares, lo que devela un sobreprecio de 7.453.010 de dólares.

Agrimport dice que entregó todo

El director de la factoría brasileña, Roberto Falascina, dijo a Erbol que su empresa cumplió con todos los compromisos adquiridos.

“De nosotros no falta nada, todo está completo. Todo eso vamos a aclarar cuando los fiscales y las personas del concejo arbitral liberen nuestro trabajo. Tuvimos siete eventos (embarques), nosotros tuvimos toda la paciencia del mundo. No fue la región, no fue la selva, fue el propio gobierno de Bolivia que no cumplió con su parte. Eso tenemos todo documentado”, afirmó.

Visto bueno del gobierno

Documentos que llegaron a la redacción de Erbol Digital, revelan que el exviceministro de Mediana, Gran Empresa e Industria, Eduardo Peinado Rivero, solicitó al vicepresidente, Álvaro García Linera, apruebe la minuta de contrato de compra de la maquinaria para la fábrica de papel de la empresa brasileña D´Andrea Agrimport Importacao e Comercio.

El 23 de noviembre de 2007, Peinado y el gerente General de Papelbol, Antonio Camberos Bolaños, remiten una nota a García Linera para que de su “visto bueno” sobre esa adquisición.

En el mismo documento se hace alusión a la existencia del Decreto Supremo 29255 de septiembre del mismo año que crea la Empresa Pública Nacional Estratégica “Papeles de Bolivia (Papelbol)”.

Delitos cometidos

Según la imputación formal presentada por el fiscal Félix Peralta, Peinado y sus colaboradores cometieron los delitos de Uso indebido de influencias (Artículo 146 del Código Penal), Incumplimiento de deberes (Artículo 154 Código Penal), Conducta Antieconómica (Artículo 224 del Código Penal), cuyas penas oscilan entre dos a ocho años de cárcel.

“En mérito a la imputación formal que antecede y de conformidad con lo establecido en los artículos 240 del Código de Procedimiento Penal, solicito a su autoridad (juez) la aplicación de DETENCIÓN PREVENTIVA”, solicitó el Fiscal el 4 de marzo de 2011 y fundamentó su petición argumentando que hay “riesgo de fuga y obstaculización”.

Actualmente Peinado y Camberos guardan detención domiciliaria con derecho a asistir a sus fuentes laborales. El caso sigue en su etapa preparatoria con la posibilidad de ampliarse por seis meses más ante la evidencia de nuevos implicados.

Breve historia del caso

La empresa pública Papelbol se creó durante la gestión de Eduardo Peinado Rivero, en el Viceministerio de la Mediana, Gran Empresa e Industria, mediante Decreto Supremo 29255 de fecha 5 de septiembre de 2007, y se dispuso su instalación en Villa Tunari, provincia Chapare, departamento de Cochabamba.

Entre el 28 y 29 de noviembre de 2007, el Gerente General de Papelbol, Antonio Camberos Bolaños, aprobó el documento base de contratación y autorizó el inicio y prosecución del proceso de contratación directa por excepción de Maquinaria y Equipos destinados a la fábrica de papel.

De forma rápida, el 6 de diciembre de 2007 el Comité de Contratación, conformado por los servidores públicos Ramiro Rodrigo Bracamonte y Germán Sainz Salvatierra, recomendaron la contratación de la única empresa evaluada D’Andrea Agrimport Importacao e Comercio Ltda. Se cristalizó la adjudicación a la empresa señalada al día siguiente, 7 de diciembre de 2007, mediante resolución administrativa No 005/2007.

Un mes después, el 7 de enero de 2008, el Gerente de Papelbol y el representante legal de la empresa brasileña, Roberto Falascina, suscribieron el contrato administrativo que consideraba la provisión de maquinaria, instalación y montaje, puesta en marcha y capacitación de los operadores de una máquina para la fabricación de papel de escritura e impresión, papel prensa y papel kraft, con una capacidad de producción de 100 toneladas día.

El contrato fijó un plazo de 14 meses calendario para la instalación y funcionamiento de la fábrica. Es decir que la empresa debería haber comenzado a funcionar el 7 de marzo de 2009, hace tres años.

El monto fijado fue de 13.571.010 dólares y a la fecha prácticamente están perdidos porque la maquinaria entregada por la empresa brasileña no funciona y no se tiene certeza si es nueva o reciclada.
Erbol

Bolivia ya es miembro pleno del Foro de Países Exportadores de Gas

El Estado Plurinacional de Bolivia ingresó oficialmente al Foro de Países Exportadores de Gas (FPEG) como miembro pleno del organismo internacional similar a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

El Presidente Evo Morales y el secretario ejecutivo del FPEG Leonid Bokhanovsky oficializaron la adhesión de Bolivia al organismo internacional conformado por Argelia, Bolivia, Egipto, Emiratos Árabes, Guinea Ecuatorial, Irán, Libia, Nigeria, Omán, Qatar, Rusia, Trinidad y Tobago y Venezuela. Noruega, Holanda y Kazajistán participan en calidad de observadores.

Bokhanovsky mencionó que uno de los objetivos de esta organización es crear instrumentos financieros para promover las inversiones en actividades relacionadas a los hidrocarburos, en este sentido se está analizando “la creación de un Banco del Gas que estaría conformada por los miembros de esta organización y entre las principales tareas de este Banco estaría la atracción de inversiones para los países miembros”.

Bokhanovsky y Morales sostuvieron una reunión en la que se abordaron temas referidos a las oportunidades y perspectivas que tiene Bolivia como productor y exportador de gas natural en la región y el mundo. En el encuentro estuvieron presentes el viceministro de Hidrocarburos de Venezuela Iván Orellana, el viceministro de Desarrollo Energético Franklin Molina y el jefe de la Oficina del Secretaria General del FPEG Douglas Arcia.

“La reunión de hoy con el Presidente Evo Morales ha sido muy útil e importante para nosotros tuvimos la oportunidad de explicarle de cómo está constituida esta organización y los resultados que se tuvieron a través de la declaración de Doha en noviembre pasado”, explicó Bokhanovsky.

“Nosotros como país productor y exportador de gas estamos muy contentos de estar en este organismo. A partir de ahí comenzaremos a trabajar de manera plena en las resoluciones que se emitan de esta instancia internacional”, destacó el Ministro Sosa.
Bolpress

Desarrollan una nueva técnica para obtener litio

Andrea Lammers y Muruchi Poma *

El proceso de evaporación de salmueras en piscinas gigantes puede demorar entre ocho y 12 meses, pero aplicando la nueva técnica de los conos es posible obtener una “cosecha madura” de solución salina en apenas una semana, asegura el geoecólogo Robert Sieland. Se necesitan cerca de 4 mil metros cúbicos de agua dulce y 5 mil metros cúbicos de agua salada por día para la producción industrial.

De cara a la conferencia “La extracción del litio en Bolivia”, organizada por la asociación Ayni e.V. (www.ayni-ev.de) y que se llevará a cabo el 22-09-2012 en Leipzig, Alemania, presentamos la siguiente entrevista a Robert Sieland (RS), que aclara muchas dudas en cuanto a la explotación del litio en el Salar de Uyuni.

Sieland es geoecólogo, estudió desde 2003 hasta 2009 en la Academia de Minas de Freiberg y se especializó en hidrogeología e hidrología. Después de completar sus estudios empezó a promocionar el tema “Hidráulica y Geoquímica en el Salar de Uyuni”. Desde 2009 hasta 2011 visitó tres veces Bolivia con fines investigativos.

P. En relación a los yacimientos de litio a nivel mundial se manejan números increíbles y diferentes conceptos. ¿Existe una estimación no interesada, seria y científica al respecto?

R. En primer lugar debemos diferenciar entre recursos y reservas. Recursos son las cantidades de materias primas que verdaderamente existen en la naturaleza, las que pueden ser obtenidas teóricamente ahora y en el futuro.

P. ¿Dices teóricamente?

R. Teóricamente se refiere a la cantidad total. Reserva es la parte del recurso que por un lado cumple las exigencias físicas y químicas de métodos de extracción y producción, y por otro lado puede ser extraída con los actuales medios técnicos y económicos. Eso quiere decir que las reservas son siempre inferiores a los recursos en cuanto a cantidad se refiere.

P. La Universidad Técnica Academia de Minas de Freiberg escogió otro camino y tiene el “proyecto de conos”, que se parecen un poco a un “chulu”, gorro boliviano.

R. La UT de Freiberg tiene contactos estrechos con la Universidad de Potosí de Bolivia desde hace 40 años. En 2007 se realizaron las primeras charlas, luego se hicieron los convenios respectivos. Hemos reflexionado que debiéramos acelerar la evaporación más que en las piscinas gigantes. De esa forma llegamos a la construcción de conos. El procedimiento consiste en bombear la salmuera, que está debajo de la costra, hacia la cúspide del cono y luego ella fluye por la superficie exterior del cono. Es decir, le hemos adicionado un movimiento más donde utilizamos el sol y viento y la evaporación es más rápida y efectiva.

P. ¿Y cuál es la diferencia medible?

R. Con los conos tenemos una “cosecha madura” de la solución salina en pocos días, máximo en una semana. Ese proceso dura en las piscinas entre 8 y 12 meses, tomando en cuenta los tres meses de lluvia y el tiempo largo de las inundaciones. Eso quiere decir que un año no es suficiente en el caso de que se tenga una precipitación justo antes de que termine el proceso de evaporación.

P. Por lo visto, esa técnica puede acomodarse bien a una estructura descentralizada, donde la población del lugar, las comunidades indígenas puedan ser incluidas.

R. Eso es cierto. Los conos son desplazables a todo lugar y cuando empiece la temporada de lluvia se los pueden desmontar o dejarlos parados. Inmediatamente esté seco, se puede despegar nuevamente con el proceso. De esa forma se minimizan las pérdidas en caso de que lloviera inesperadamente. Otra ventaja de los conos en relación a las piscinas es que no se desfigura el paisaje en forma definitiva.

P. Respecto a la tecnología de los coreanos del sur, aficionadamente expresado: podría saltar todo y obtener puro cátodo de litio.

R. Admito no saber con exactitud. Sin embargo, supongo que se trata de un proceso electroquímico. Es decir, se toma una solución salina y se la expone a tensión eléctrica y los iones se desplazan en una u otra dirección. Y así se puede separar litio mediante los cátodos. El problema es que un proceso de esa naturaleza necesita mucha energía. La pregunta es: ¿quién paga la energía?, ¿aún puede ser rentable? Además hay problemas con las membranas a usarse que son muy delicadas y pueden quebrarse.

P. Un tema importante, en todo caso, son las consecuencias ecológicas de la obtención del litio. Uno de los factores importantes es el uso del agua. ¿Qué se sabe de esto?

R. La empresa estatal Comibol ha hecho una estimación, apoyándose en los cálculos de Chile, y necesita cerca de 4 mil metros cúbicos de agua dulce y 5 mil metros cúbicos de agua salobre por día para la producción industrial. El agua del Río Grande, el principal de la zona, no alcanza para cubrir esa demanda diaria de agua. Lo que quiere decir que tienen que extraer agua subterránea. Pero aquí hemos constatado por medio de investigaciones de isótopos que esas aguas son fósiles, surgidas entre 90 y más miles de años. Por lo que es un recurso casi no renovable. De extraerse y usarse esa agua, la “reserva del subsuelo” se vaciará.

P. ¿Entonces es justa la preocupación de los pobladores del Salar de Uyuni respecto a lo que pueda pasar con su producción de quinua y tubérculos y la crianza de llamas?

R. También así lo vería. Con la extracción de esa cantidad de agua bajará la capa freática. A colación tendríamos el agotamiento de las fuentes y el secado de los bofedales, con lo que no sería posible el cultivo de quinua, por ejemplo. La cuestión es también de dónde se extraerá y cuál la zona de influencia. Pero también para el caso de los conos surge la pregunta: ¿cuánta agua fresca se necesitará para mantener limpios los conos y otros? Aún no tenemos un proyecto piloto para sacar estimaciones experimentales.

* Traducido del alemán al castellano por Muruchi Poma. 
Texto en alemán:
http://www.amigo-latino.de/2012_06_interview_RS.pdf;
el documento íntegro de la entrevista en castellano:
http://www.amigo-latino.de/indigena/noticias/newsletter_07_11/537_0017_entrevista_rs.html
Más informaciones sobre el litio:
http://www.amigo-latino.de/indigena/noticias/newsletter_07_11/485_atraso_0004.html

Gobierno anuncia compra de Sinchi Wayra y espera decisión de “26 de febrero”

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, informó este domingo que el gobierno decidió nacionalizar la empresa minera Sinchi Wayra, filial de la suiza Glencore, y esperará la decisión de los trabajadores de la Cooperativa minera 26 de febrero, para que sus “emprendimientos” sean revertidos o no al Estado.

“Lo que hemos acordado con la Central Obrera, con la Federación de Trabajadores Mineros de Bolivia y las organizaciones sociales de Colquiri es que en el tema de Sinchi Wayra no hay debate, no hay discusión, es una decisión del gobierno nacional el nacionalizar este emprendimiento minero”, sostuvo la autoridad.

Explicó que la nacionalización de todo el centro minero de Colquiri se sustenta en dos contratos, uno por el lado de Sinchi Wayra, que ya está decidido, y otro por la Cooperativa 26 de febrero, que espera respuesta de sus trabajadores.

“Si la mayoría de los miembros de la Cooperativa 26 de febrero deciden voluntariamente acogerse a la reversión o a la  nacionalización de sus emprendimientos mineros, el gobierno aprobará la nacionalización”, indicó.

Señaló que para que se cumpla esa condición, el gobierno planteó que se entregue una lista de los trabajadores cooperativistas que están de acuerdo con la propuesta. “El gobierno actuará sólo si la mayoría de los miembros de la cooperativa 26 de febrero así lo quieren”, apuntó.

Nacionalización de Sinchi Wayra

Quintana refirió que en 2007 el gobierno planteó la nacionalización de la empresa minera Sinchi Wayra, pero la propuesta fue rechazada por los trabajadores mineros. “Ahora se ha pedido que se nacionalice y esta nacionalización va porque esperó cuatro años”, dijo.

Agregó que los Ministerios correspondientes se encargarán de realizar las negociaciones y estudios de indemnización a la empresa minera.
Erbol